Por Leonardo Franco Arenas
Hace unos días se encendió la polémica por un detalle pequeño, en este país donde los ánimos mantienen bastante caldeados. La bancada del Uribismo en la Cámara de Representantes buscaba mediante un proyecto de ley, consagrar el carriel antioqueño como patrimonio nacional. La ponencia fue aprobada en primer debate, esto generó una controversia porque varios representantes protestaron por la inconveniencia de discutir y dar trámite a este tema, en estos momentos y “discutir una cosa tan absolutamente intrascendente en un momento tan complejo de nuestra historia que, a mi realmente, me indignó la forma en que indujeron el orden del día con cosas que no tenían ninguna trascendencia” fueron las palabras del congresista Lozada. Debieron priorizar temas de importancia por el momento que vive el mundo, dejando para otra ocasión temas tan baladíes como este. Los congresistas del CD como Paola Holguín defendieron la pertinencia de este proyecto de ley en estos momentos.
Ley de pagos a plazos justos: Históricamente las Pymes han sido mal tratadas por las grandes empresas del país, estas siempre han impuesto sus condiciones en las negociaciones que se hacen, es decir, el pez grande se come al chico. Los costos de financiación siempre los han tenido que asumir las pequeñas y medianas empresas, aceptando tratos leoninos con plazos de pago a favor de los grandes por encima de 60 y hasta 120 días.
Con ponencia del Representante a la Cámara por la Alianza Verde Mauricio Toro, pasó al cuarto y último debate para la aprobación de este proyecto de ley, tan importante para el afianzamiento de la economía colombiana. Lo anterior no sin antes luchar como gato patas arriba, acompañado por otros congresistas de oposición y algunos medios de comunicación contra los intereses de la ANDI, respaldados por el viceministro de comercio y la bancada del Centro democrático, especialmente la senadora María del Rosario Guerra, que defendió a capa y espada el infundio que si se aprobaba de esa manera, iba a ser el motivo para que la economía nacional se desplomara. Incluso, tuvieron que desterrar un enorme mico que querían colgarle en últimas al articulado, “Acuerdo entre privados“ esto significaba ni más ni menos, que los grandes seguirían imponiendo sus condiciones, al tener el sartén por el mango y los chicos asumiendo los costos.
Las Pymes representan el 90 % del empleo y el 34 % del PIB de Colombia, con esta ley, mejorarán sus flujos de caja y tendrán mayor solvencia.
Al término, la posición de la ANDI fue «Establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria, generando un incentivo a conseguir proveedores por fuera del país»
Este es solo un ejemplo del orden de importancia y la prioridad en los temas de impacto positivo para el país por parte del gobierno y sus amigos del CD.