___Ajustada a la ley contratación de la Gobernación durante declaratoria de urgencia manifiesta: Contraloría Departamental
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El contralor departamental de Risaralda, Álvaro Trujillo Mejía, emitió un informe favorable en referencia a la contratación realizada por la Gobernación de Risaralda bajo la declaratoria de urgencia manifiesta, ante la pandemia de la Covid-19 que atraviesa el país y el mundo entero. En oficio enviado al gobernador Victor Manuel Tamayo se indica como conclusión que “analizados los actos administrativos y demás evidencias allegadas por la Gobernación de Risaralda de la contratación celebrada, es posible concluir que efectivamente se cumplieron los presupuestos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 para haber hecho uso del mecanismo excepcional de declaratoria de urgencia manifiesta, con el fin de acometer inmediatamente las acciones dirigidas a la contención y mitigación del COVID-19 en el departamento de Risaralda”. “La Gobernación del departamento ha estado ajustada a los preceptos legales, es esa la razón por la que emitimos un informe en el que consideramos que no existe en principio irregularidades de tipo administrativo o contractual, sin perjuicio de todo ello, la Contraloría departamental debe continuar en el ejercicio de su función fiscalizadora para que en el entendido de que haya cualquier petición, queja, reclamación, recurso, o también dentro de nuestro ejercicio de control fiscal, se puedan revisar nuevamente los contratos realizados por el Departamento”, declaró el contralor Departamental Álvaro Trujillo.
El documento emitido destaca que “en lo que tiene que ver con la contratación derivada encuentra este organismo de control igualmente, ajustados los objetos contractuales y el término de ejecución de las medidas adoptadas por la Administración Departamental para la prevención, contención y mitigación de los efectos del COVID-19”. Por último, se advierte que es competencia de la Administración Departamental decretar el retorno a la normalidad en los términos del artículo 64 del Decreto 1523 de 2012, una vez haya expirado el plazo de 6 meses establecido por el artículo cuarto del Decreto 391 del 16 de marzo de 2020.
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CONSTRUYÓ LOS PLANES DE TRABAJO REFERENTES A LAS METAS DE BIENESTAR DE ESTA POBLACIÓN
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Para tal efecto, se tuvo en cuenta el porcentaje de personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado con atención, asistencia y acompañamiento psicosocial y, por supuesto, el porcentaje de espacios de participación de la población víctima fortalecidos. De igual manera, se trazaron las metas de producto como servicio de ayuda y atención humanitaria a población que declara hechos victimizantes y víctimas del conflicto, servicio de atención, orientación y comunicación a las víctimas que lo requieran a través del Centro Regional, plan de contingencia para la prevención y protección en casos de desplazamiento masivo, conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y, claro está, un apoyo irrestricto a la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas. El presupuesto para llevar a cabo todas las actividades proyectadas, asciende a una cifra cercana de $1400 millones. Los recursos asignados a la meta del programa, corresponderán a diferentes actividades de crucial importancia para la atención de la población víctima del conflicto asentada en Pereira, las cuales apuntan a tener en funcionamiento el punto para la atención, orientación y asistencia al 100 % de las personas que lo requieran, pasando por brindar atención humanitaria inmediata a las personas que declaran hechos victimizantes y víctimas del conflicto armado, actualizar el plan de contingencia para la prevención y protección en casos de desplazamiento masivo y finalizando con el apoyo y acompañamiento adecuado para el desarrollo y la implementación del sistema de información del proyecto.
De manera simultánea, también se vienen realizando las diferentes visitas a los albergues de la ciudad para brindar apoyo y acompañamiento jurídico, psicosocial, planes nutricionales, recreación, cultura, deporte, y hacer seguimiento a la atención que se presta en estos lugares de paso, con el objetivo de garantizar el restablecimiento de los derechos de la población víctima del conflicto armado, con asiento en la ciudad de Pereira.