Por: Leonardo Franco Arenas – www.latardedelotun.com
____ “Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento. Ante ustedes la historia está en marcha”, indicó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes”.
11 militares reconocieron en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en los llamados «falsos positivos», uno de los capítulos más negros del conflicto armado colombiano. Espeluznantes y aterradoras las verdades que están saliendo a flote, aun cuando las sospechas de hechos como estos ya existían. Estas declaraciones abarcan una mínima parte de lo que sucedió en el país, solo entre 2007 y 2008 en el Catatumbo. Se configura según la JEP un modus operandi, una directriz que se emitía desde los altos mandos militares, especialmente del comandante de las fuerzas militares el general (R) Mario Montoya en el caso de 104 asesinatos extrajudiciales, llamados falsos positivos, una muestra de la estrategia macabra de guerra para mostrar resultados. Los comandantes exigían “positivos” para elevar las estadísticas y publicitar que se “estaba ganando la guerra” contra la subversión. ¿Era una política de Estado? ¿La responsabilidad del comandante en jefe de las fuerzas militares dónde queda?
“Las víctimas son, en su mayoría, hombres campesinos que en vida tenían entre 25 y 30 años”. “Los miembros de la fuerza oficial los asesinaron”, puntualizó la magistrada Catalina Díaz. Este sin lugar a dudas es uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia del país, la excusa, la urgencia manifiesta del gobierno de la época de mostrar buenos resultados para seguir obteniendo la ayuda norteamericana en la lucha contrainsurgente. Esta audiencia se enfocó en lo sucedido en la zona del Catatumbo, pero se presentaron hechos similares en toda la geografía nacional, los secuestraban en unas regiones apareciendo luego asesinados en otras zonas con tiros de gracia, vistiendo camuflados y botas nuevas, presentados en todos los casos como bajas en combate contra la guerrilla, exhibiendo los cadáveres como trofeos de guerra para acceder a permisos y recompensas que en a mayoría de los casos era de mínima cuantía, quienes se beneficiaban eran los oficiales y comandantes, con ellos era la repartija.
Ante la justicia colombiana no existirá un castigo para los responsables, para QUIÉN DIO LA ORDEN, los oficiales medios, suboficiales y soldados podrán reconocer sus culpas como debe ser, pero mientras tanto los determinadores, quienes planificaron las estrategias de barbarie y falta de humanidad siguen campantes. La Corte Penal Internacional, a partir de las versiones que se están conociendo deben tomar cartas en el asunto y llamar a juicio a quienes dieron la orden, sobre todo a aquel a quien apuntan todas las sospechas y certidumbres de ser el mayor genocida, 6402 los asesinatos conocidos.