Columna publicada originalmente en El Imparcial.
Por: Leonardo Franco Arenas – www.latardedelotun.com
____ Me permito iniciar esta columna citando literalmente apartes importantes de la Ley estatutaria 1621 de 2013 o Ley de inteligencia cuyo ponente fue Juan Manuel Galán. Los subrayados son míos.
Objeto y alcance: Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal. Establece los límites y fines de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de las bases de datos, la protección de los agentes, la coordinación y cooperación entre les organismos, y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas, entre otras disposiciones.
Función: La función de inteligencia y contrainteligencia es aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta Ley. Estará limitada en su ejercicio al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento estricto de la Constitución, la Ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Como se puede apreciar en estas citas y en todo lo concerniente a esta Ley, las normas están hechas, el marco jurídico contempla los alcances pertinentes para que prevalezcan los derechos humanos y el alineamiento estricto a la Constitución, pero en este hermoso País del sagrado corazón de Jesús, han hecho carrera dos nefastas frases, “hecha la ley, hecha la trampa” o “ la ley es para los de ruana” y cada cual por su lado trata de pasarlas por la faja, es lo que ha sucedido históricamente con la inteligencia militar y los organismos del Estado encargados de este tema.
Durante muchos años el País careció de una herramienta jurídica que regulara y demarcara sus funciones y alcances, y solo en 2009 se estableció una Ley de la República que fue declarada inconstitucional un año después por errores de procedimiento; en 2013 se promulga como Ley estaturia, siendo avalada por la Corte Constitucional con ponencia de la magistrada María Victoria Calle. Sentencia C-540/12 – Corte Constitucional
“En la exposición de motivos al presente proyecto de ley estatutaria, se refirió a la importancia de un adecuado trabajo de inteligencia atendiendo las graves amenazas que se ciernen sobre la seguridad de la Nación y la ausencia de límites y controles al ejercicio de dicha actividad, particularmente dadas por la no disposición de un marco jurídico idóneo e integral que defina con claridad la función de inteligencia y contrainteligencia para la salvaguarda de los derechos ciudadanos. Sujetando dichas actividades a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y haciéndolos responsables por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, como elementos característicos de un Estado social de derecho”.
Subrayo unas líneas claves que al día de hoy caen como anillo al dedo, porque son precisamente los temas más oscuros sobre el manejo, que han dado algunos militares a la seguridad nacional y a la ausencia de controles para estas actividades se han pasado la norma por la faja, con la negligencia de los responsables directos para ejercerlos desde los estamentos militares, de policía y de quienes están encargados de su vigilancia.
En estos días se destapó una olla hedionda sobre el seguimiento y chuzadas a diferentes personas de la vida pública del País; hace un tiempo hubo otra que pasó al olvido con la destitución de unos cuantos mandos medios, chivos expiatorios que ya deben estar gozando de su libertad y de jugosas contraprestaciones por su silencio, operación Andrómeda se llamó. Hoy destituyen 11 oficiales y sepultan el escándalo, de la Fiscalía general llaman a indagatoria al ex comandante del ejército Nicasio Martínez, al comandante de las fuerzas militares general Luis Fernando Navarro, pero aquí no pasará nada, este escándalo será opacado por otro de mayor trascendencia y todo seguirá igual, los instigadores, los que están detrás de esta labor de espionaje seguirán a la sombra. Lo que si nos queda claro es que los responsables no son los oficiales, ni los comandantes, aquí hay gente de muy alto perfil y con intenciones muy oscuras que son los que dan las órdenes y a quienes les rinden cuentas.
La policía no ha estado ajena a estas prácticas aberrantes en contra de los derechos y la intimidad de las personas, así lo hicieron en el pasado organismos estatales de ingrata recordación como el DAS, que llegó a tal punto de corrupción y malas prácticas que lo tuvieron que acabar y promover la Ley estatutaria de inteligencia para establecer controles, pero como lo pregonan muchos, “hecha la ley, hecha la trampa”.
Que no sean cantos de sirena, ni un saludo a la bandera como muchos lo intuimos, y que la Fiscalía de una vez por todas erradique ese cáncer en estas instituciones. Son responsables directos por línea de mando, el ministro Trujillo que ha querido desviar la atención poniendo como el asunto más grave las chuzadas al asesor del presidente Jorge Mario Eastman, por encima de 130 personas “perfiladas” como dicen ahora; y el presidente Duque que es el jefe de las fuerzas militares ¿dónde está y qué responde?
Nos queda claro, muy poco de lo subrayado se cumple.