¿DESESPERO, TORPEZA O PERSECUCIÓN DE LA FISCALÍA?

Cecilia Orozco Tascón

El Espectador, jul. 13/2022

Volvió a suceder: la Fiscalía ordenó realizar una “inspección judicial” a Noticias Uno. Ocurrió hace dos días, el pasado lunes cuando, hacia el mediodía, se presentó en la recepción del informativo, sin previo aviso ni mensaje de correo en que se indicara el objeto de la revisión, una técnica del CTI con funciones de Policía Judicial. La disculpa para ingresar, buscar y copiar materiales del archivo en que se encuentran clasificadas las informaciones de periodistas y fuentes emitidas al aire —así como otro tipo de documentos y videos que no han sido publicados— era similar a la también orden de inspección que llegó a la revista Cambio la semana pasada, y a una tercera, de hace seis meses, a las instalaciones, otra vez, de Noticias Uno, que parece haber iniciado la tanda de controles a la prensa. No sabe uno si por pura fatalidad, hay otra coincidencia: el domingo 10 de julio, un día antes de la intempestiva presencia del CTI en el noticiero de televisión, esta columnista, que, además de dirigir el informativo, entrevista personajes para El Espectador, había dedicado su espacio a tratar casos recientes de acoso judicial a periodistas y medios, un método perverso de intimidación que viene prosperando en Colombia, en particular en las etapas de Duque y su subordinado, el opaco fiscal Barbosa, un individuo que, de no ser porque cuenta con el “título” de condiscípulo del saliente mandatario, jamás hubiera ocupado ese cargo que debería excluir —por su relevancia democrática— a los abogados de pacotilla.

Los entrevistados dominicales de El Espectador fueron Gustavo Gómez, director del programa periodístico estrella de Caracol Radio, sobre cuya cabeza pende la amenaza de denuncias penales y demandas civiles para “quitarle hasta el último peso”, como suelen decir los vengadores que odian las verdades; Federico Gómez, director de la revista Cambio, el medio que un fiscal pretende escudriñar, y el columnista Yohir Akerman, de Cambio y El Espectador, a quien otro fiscal pretende llevar a juicio porque reveló, ante la opinión pública, que Álvaro Uribe se habría beneficiado de una buena suma de dineros oficiales para invertirlos en su hacienda El Ubérrimo (ver). Es bueno hacer memoria para poner en contexto la situación: en diciembre pasado (ocho años y dos meses después de la fecha de su publicación), la fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Claudia Patricia Guantiva, dio la instrucción de “realizar inspección en el noticiero Noticias Uno – La Red Independiente con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio y/o video de la transmisión realizada por ese noticiero el día 19 de octubre de 2013…”. La orden no solicitaba copia de una nota. Pedía “bajo cadena de custodia”, o sea, tomados directamente por los agentes del CTI, “el audio y/o video de la transmisión … el 19 de octubre de 2013”, es decir, del contenido completo de la emisión de esa fecha (ver). No obstante que el oficio respectivo fue exhibido en pantalla, el ente investigador nos llamó mentirosos en un comunicado que tuvo eco en sus medios amigos (ver).

El 29 de junio pasado, la revista Cambio recibió aviso de la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema (bajo el control de Jaimes, el de la preclusión del expresidente), en que advertía que había facultado a una de sus agentes para “consultar y recolectar el original de la publicación … denominada “Esta es la puta guerra: general reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc”. Y añadía: “Información que se recogerá personalmente mediante diligencia de inspección … y se levantará un acta.

Y hace menos de 48 horas, el fiscal 66 de la Unidad Anticorrupción, Holman Hernando Reyes, ordenó “una inspección judicial a la sede administrativa de Noticias Uno con el fin de allegar en medio digital la emisión del 26 de marzo de 2022…”.

De nuevo, solicita copia de una emisión de una hora para, aparentemente, examinar una información de dos o tres minutos. Aunque esa instrucción fue emitida el 25 de mayo, la representante de la Fiscalía se presentó mes y medio después, eso sí, sin advertir que iría. Cuando le pregunté por cuál razón no habíamos sido notificados por escrito, contestó que los funcionarios judiciales no tenían obligación de hacerlo. ¿Vamos escalando los hostigamientos a la prensa independiente desde la entidad oficial de investigación penal?

Entre paréntesis I. Me cuentan que, ante el cambio de cuatrienio de Gobierno nacional, los temores arrinconan al fiscal general quien se queda solo, sin su aliado de la Casa de Nariño. Y que él y sus servidores, réplicas de Jaimes, corren a cerrar unos procesos y a abrir otros, en una gran operación de utilización política de la justicia. O bien esas presuntas maniobras de encubrimiento y desvío son ciertas y los medios independientes estamos en la mira, o bien los fiscales que podrían, simplemente, solicitar copias de informaciones a los medios, como siempre se ha hecho sin problema ni “inspecciones”, se contagiaron de la torpeza e incompetencia de Barbosa.

Entre paréntesis II. Escrita esta columna, encuentro en mi correo electrónico otro aviso de la Fiscalía sobre una cita para pasado mañana, viernes 15 de julio. Me pide “comparecer … con el fin de llevar a cabo diligencia de arraigo”. Significa que va a iniciar, en mi contra, una investigación formal por el delito de injuria que presuntamente cometí. En el oficio no se me informa nada más.

No obstante, por el número radicado, me doy cuenta de que ese ente, que pasó de operador judicial a político, revive, en mi contra, una denuncia infundada del poderoso ex fiscal general Néstor Humberto Martínez. Imaginen la justicia “justa” que podré tener en manos de la dupla Barbosa-Martínez Neira.