Por: Carlos Andrés Hernández – www.latardedelotun.com
_____ Esta pesadilla comienza en 2019, cuando la constructora Conenco S.AS de Pereira, se declaró en quiebra entrando en intervención por parte de SuperSociedades, según lo contempla la ley. Por desgracia dicha constructora adelantaba construcción de dos proyectos, Mirador de Batará en Condina y Tangara en cerritos; Esto implicaría que al declararse en quiebra, muchas familias que ya habían realizado contrato de compraventa y aportes, se verían envueltos en un lio jurídico y financiero por la insolvencia del constructor. Según la ley, los entes territoriales deben hacer un proceso de intervención forzosa o liquidación de dicho proyecto con el fin de determinar si se puede salvar financieramente o si debe ser liquidado, siempre pensando en el patrimonio y los intereses de los ciudadanos afectados. Dicha competencia de intervención, recae en el Concejo municipal de la ciudad (art 313 de la CN), pero en el caso de Pereira, dichas facultades fueron delegadas al alcalde, mediante el acuerdo 007 de 2020 y este a la vez al secretario de vivienda de la ciudad. Hasta el momento todo se ajusta al procedimiento, sin embargo la pesadilla comienza cuando en el 2021, mediante resoluciones 1629-30, se declara la intervención forzosa, nombrando como agente especial al Bufet de Abogados Especializados S.A.S, donde el abogado especial es el señor Andrés Felipe Ocampo; A partir de ese momento comienza la pesadilla para las familias, ya que según quejas de estos, el agente no ha tenido avance sustancial en el proceso, debido al desorden administrativo y las cuentas poco claras con el fin de solucionar el problema, sino que optó por realizar una intervención forzosa mediante administración y no por liquidación final, lo que significa, que comienza a captar unos recursos mensuales por parte de los beneficiarios de alrededor de 30 millones mensuales por proyecto, figura que es muy delicada, ya que si el agente especial no obtiene resultados o no cumple con la intervención, esto puede ir en detrimento de las angustiadas familias. Lo más ideal y como lo contempla la ley, es que el agente realice el proceso de liquidación y al final de la venta de los activos o la reinversión de un nuevo socio que financie el proyecto, el abogado cobre por el proceso un tope de hasta un 6 % de los recursos o bienes disponibles para la liquidación, esto garantiza que las familias no tienen que incurrir en gastos adicionales y que el abogado en la etapa final al entregar resultados concretos cobre la parte que le corresponde; Pero esta opción no la adoptó la alcaldía donde por el contrario se han generado unos hechos que producen desconfianza; Lo primero es que dicho agente especial fue compañero de universidad del actual alcalde y colaborador de campaña, lo otro es que fue recomendado por un ingeniero amigo del alcalde que tuvo problemas de incumplimiento en un antiguo proyecto denominado torres de las Américas, donde no se han podido escriturar cerca de 9 aptos, debiéndose más de 3.000 millones a la fiduciaria, el cual presenta problemas de intervención forzosa por parte del municipio, los constructores de dicho proyecto mediante consorcio eran la firma Conenco, Nolberto Ardila y la constructora Comsas liderada por el ingeniero Harold Calderón, siendo socios de más proyectos. Lo anterior genera desconfianza en las familias de los proyectos intervenidos, ya que los mismos constructores inmersos en los problemas terminan recomendando al interventor forzoso que entre otras se argumenta, no cuenta con los requisitos de tiempo de experiencia como persona jurídica para tan delicado proceso según la ley.