Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com
_______ La omertá es la ley del silencio siciliana, una norma no escrita que rige el comportamiento de los miembros de la mafia ante las autoridades, jueces o policías, esta les obliga a no cooperar con la justicia sea cual sea la situación. Quien rompa este código de silencio será castigado severamente, inclusive con la muerte. Reza un proverbio siciliano: «El que es sordo, mudo y ciego, a vivir cien años en paz».
En Colombia parece ser que se instituyó una especie de omertá criolla de origen puramente mafioso surgida quizás en la década de los 80 en Antioquia y que posteriormente se extendió a varias regiones del país, esta tuvo su época cumbre en la primera la década del 2000 con las fechorías del grupo dirigido desde la casa de Nari por el ex.
A finales de 2010 comenzó a hacerse visible las denuncias sobre la guerra sucia en los territorios, las directivas (directrices) salidas desde los altos mandos militares para soportar la guerra y dar la falsa sensación del triunfo de las fuerzas del Estado contra la insurgencia, a través, de la tapadera de la estrategia de gobierno “Seguridad democrática”. En esta táctica de guerra fueron más los inocentes víctimas por parte de los organismos de seguridad y defensa del Estado, que los verdaderos avances hacia la pacificación, era la excusa perfecta para mantener la opinión pública con miedo y atenta a estas falsas narrativas soportadas por los grandes medios de comunicación.
Desde esa época ha existido un acuerdo tácito entre los principales protagonistas de este horroroso capítulo de la historia colombiana, han mantenido ocultas las verdades de lo ocurrido mediante pactos de silencio, la omertá criolla.
En Italia los “Capo di tutti capi” que estuvieron de 1980 a 2023 al frente de la Cosa Nostra, creadora de la omertá, fueron Riina, Provenzano y Messina, bandidos que articulaban, negocios mafiosos, contratos con el Estado, vínculos con políticos y empresarios (algún parecido con Colombia es pura coincidencia), una delación en cualquiera de los eslabones de la cadena significaba muerte, destierro para el informante y sus familiares.
Luego de las últimas tres décadas del siglo XX donde el negocio de la mafia criolla se centraba en el tráfico de drogas, cambiaron la estrategia sembrando un representante de la delincuencia en el corazón del poder político, para desde allí refundar de manera oculta y siniestra la Patria, esto quedó evidenciado en el pacto de Ralito (2001) que, según investigaciones de «El Espectador», “estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la región Caribe y más tarde al nivel nacional”, esto quedó finalmente establecido a partir de 2002.
La omertá criolla ha funcionado perfectamente durante todos estos años manteniendo oculta la verdad, preservando en total impunidad lo ocurrido en Colombia durante todos estos años, cuando el Estado fue cooptado por la mafia para una narcodemocracia.
Les ha llegado la hora, así como los capos italianos fueron delatados por sus consiglieres, capitanos y soldados, quienes acusaron también a políticos locales y nacionales, jueces, policías, y empresarios involucrados en la estructura mafiosa, de igual manera, suboficiales, oficiales y generales confiesan ante la JEP los horrendos crímenes llevados a cabo durante esta aciaga etapa de nuestra historia, obedeciendo directivas del gobierno nacional. Empiezan a descorrerse las cortinas sobre la verdadera historia nacional de los últimos 20 años, los responsables y los alcances.
La omertá criolla se diluye haciendo temblar al ex, a sus asesores y operativos, a empresarios y políticos, también, al brazo armado que operó esta estrategia macabra, la alta oficialidad del ejército y la policía. La ruptura de este pacto de muerte es el camino para conocer la verdad y mediante la participación efectiva de la JEP, hacer justicia, esclareciendo y estableciendo las responsabilidades penales individuales sobre los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado colombiano.
El gran “Capo di tutti capi” deberá responder ante la Nación por su responsabilidad penal, moral y política, más temprano que tarde. Pero antes que esto ocurra, el país se verá sumido en un coletazo de violencia por parte de esta facción delincuencial.
La omertá criolla se resquebraja, valeriana para los que sabemos, la verdad a punto de caramelo.