El fiscal Carlos Stornelli abrió una investigación contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante su gobierno (2002-2010) relacionado con ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, crímenes de lesa humanidad. El funcionario argentino solicitó a un juez realizar la práctica de pruebas y toma de testimonio de los familiares de las víctimas de estas ejecuciones y que denunciaron al exmandatario en ese país.
La causa en curso contra Uribe señala que esos crímenes dejaron “un saldo de 6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidos como ‘falsos positivos’”. La investigación busca determinar su responsabilidad, “habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia entre el 08 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008″.
El Fiscal Stornelli abrió la investigación a Urbe Vélez a raíz del principio de jurisdicción universal e invocación del “artículo 118 in fine de la Constitución Nacional, la ley 26.200, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos. 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación, donde se establece que, “los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos”.
Lo que sigue en este proceso es que la justicia argentina le pida a la Presidencia de la República de Colombia a los ministerios de Defensa y del Interior que “se remitan copias certificadas de actas de reuniones (internas y con terceros), notas internas, comunicaciones que se hicieron entre 2002 y 2010 acerca de conductas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate”.