Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com______
En Colombia hay aproximadamente 24 millones de personas que desempeñan algún tipo de trabajo, de los cuales, 11 millones son formales y cerca de 13 millones están en la informalidad. El día de ayer 11.03.25, ocho congresistas de la comisión séptima del Senado, no permitieron que se diera el debate en plenaria y decidieron hundir la reforma laboral propuesta por este gobierno a partir de un mandato del pueblo, mediante la construcción social del Plan Nacional de Desarrollo, sobre líneas de acción propuestas desde la campaña por el actual presidente.
Es de indicar, que la reforma original propuesta hace dos años ha tenido una serie de “retoques” exigidos por la oposición y los gremios, hoy, una de las razones que esgrimen los grandes empresarios para rechazarla, es que según sus representantes (ANDI) no fue concertada con ellos por el gobierno. La reforma pasó a trochas y mochas por la Cámara de Representantes, en donde, se debe reconocer, existe otra sensibilidad política y social, además, allí se permitió el debate y se realizaron las correcciones en algunos artículos de esta reforma.
¿Qué es lo que se pretende lograr con esta reforma? La dignificación del trabajo, recuperar derechos que se habían perdido en la década de los 90 y hacen parte sustancial de los objetivos de esta transformación del estado laboral actual: Pago de dominicales 100%, pago de horas extras y festivos, recargo nocturno desde la 7 pm, pago digno a los jóvenes en su primer empleo, como es el caso de los aprendices del SENA. Igualmente, erradicar la práctica abusiva de contratos sin pago de prestaciones sociales y seguridad social, contratos a corto tiempo que generan dependencia y subordinación por el empleo, reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres para alcanzar equidad de género y laboral.
Se puede observar en líneas generales, que esta reforma apunta a que por fin exista un tratamiento laboral digno, decente para el pueblo colombiano, está construida para recuperar los derechos de la clase trabajadora. La desigualdad existente en materia laboral en Colombia ha generado grandes brechas a través del tiempo, reflejada en los altos índices de violencia y miseria. El país ocupa uno de los últimos lugares en ingresos de Latino América y el mundo, donde los elevados niveles de pobreza y desigualdad, además de ser inaceptables y abusivos, son generadores de las violencias históricas.
Por estas razones la Nación como está expresado en la Constitución, “ARTICULO 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”, debe imponer su mandato que es superior, nadie está por encima de sus decisiones colectivas. En ese orden de ideas, lo que ha propuesto el presidente Petro es la manera legal de superar el bloqueo institucional al que se ha visto expuesto y se ha torpedeado su gobierno.
No pasarán estos ocho mandaderos, tampoco sus mandamases.
¡CONSULTA POPULAR – A LAS CALLES!