Por: Yerli Mozo
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La ecuación que empobrece a Colombia. La corrupción en Colombia no es una manzana podrida ni un desliz aislado. Es una maquinaria sofisticada que funciona con precisión quirúrgica. Una estructura funcional compuesta por funcionarios públicos, autoridades elegidas por voto popular, «negociadores» del proceso y beneficiarios criminales silenciosos. Esta red no improvisa: se alimenta del caos, de la desconfianza y del silencio. La llamo la estrella negra, porque mientras miles de colombianos brillan por su trabajo honesto, esta red criminal lo absorbe todo: recursos, oportunidades, justicia.______
Colombia no enfrenta corrupción: enfrenta redes de poder corrupto. No hablamos de simples actos ilegales. Hablamos de estructuras organizadas que manipulan el sistema legal, financiero, político y contractual con un único objetivo: enriquecerse, mientras la sociedad entera se empobrece. Simulan legalidad: crean leyes a la medida, fabrican estudios previos amañados, inflan valores en el SECOP, manipulan patrimonios autónomos para convertir dinero público en dinero privado. Y se blindan con una narrativa peligrosa: todos son corruptos, para que nadie distinga entre culpables y honestos.
El rostro cotidiano de la corrupción. En Colombia, la corrupción también tiene rostro de indiferencia. Hace unos años, un gato cayó desde un séptimo piso y quedó atrapado en el sótano de un edificio de propiedad horizontal. Fue necesario interponer una acción de tutela para rescatarlo. Un mes y medio después, lo hicieron. Pero en ese lapso, celadores se excusaron porque tenían la orden de no abrir la reja, el administrador fue negligente, y el sistema falló. Esa cadena de omisiones también es corrupción. Una que no aparece en los titulares, pero que destruye la confianza pública todos los días.
La otra cara de la contratación pública: “Los Fantasmeros”. Ahora en la contratación se observan curiosamente empresas que nacen en noviembre y para diciembre ya tienen facturación y utilidades de contratos de miles de millones. Representantes legales que, al ser investigados, resultan ser vendedores ambulantes o personas sin vínculo alguno con el objeto del contrato (especialmente jóvenes estrenando cédula). Los llamo fantasmeros: aparecen, se presentan estrategicamente para acabar la competencia (Mipymes honestas y con experiencia real, no de mercaderes), ganan, y si algo falla, desaparecen. Nadie responde. Es la sombra de un sistema roto, donde la legalidad es una fachada y la trampa, el método. Y los jóvenes ingenieros recien egresados sin oportunidades.
Luis Carlos Galán lo denunció con valentía hace más de 30 años: el problema no era solo el narcotráfico, sino la infiltración de mafias y redes ilegales en el corazón mismo del Estado. Lo que enfrentamos hoy es el monstruo que él quiso derrotar. A su asesinato le siguió el silencio, la impunidad y la normalización del clientelismo y la corrupción como anticultura política. Tenemos una deuda con su legado. No basta con recordarlo en cada aniversario: hay que cumplir lo que él propuso. Hay que devolverle al país instituciones limpias, oportunidades reales para los honestos y una narrativa distinta a la de la resignación. Colombia no puede seguir siendo el país donde denunciar es un riesgo y robar es rentable.
El caso más indignante: los cotizadores en protección animal. En los contratos de protección animal en Colombia se ve el descaro en su máxima expresión. Empresas de papel ganan licitaciones con cotizaciones sistemáticas generando precios artificialmente altos en algunos casos nacionales hasta del 1.200%, el dinero se desvía, y a los defensores de animales se les paga menos de un salario mínimo para hacer lo que otros solo firmaron. Cuando el contrato termina, los animales quedan con los defensores (quienes han luchado por décadas para conseguir presupuesto para esos contratos), pero los contratistas se van con las utilidades y por el siguiente botín. Esto no es solo negligencia: es una estafa moral contra seres sintientes, contra sus defensores y contra la sociedad entera. Absolutamente perverso contra los más vulnerables.
No es percepción: son cifras alarmantes. En 2024, Colombia ocupó el puesto 92 entre 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción. La calificación: 3.9 sobre 10. Pero más allá del número, lo verdaderamente grave es lo que reveló en el año 2022: según Transparencia por Colombia, nueve de cada diez empresarios que podrían participar en licitaciones públicas prefieren no hacerlo. ¿Por qué? Porque no quieren exponerse al “CVY” (¿Cómo Voy Yo?), a las amenazas, al no pago, a la extorsión, a la trampa, en resumen a ser “VÍCTIMA” de la corrupción y a un sistema que castiga al honesto.
Maltrato animal: un delito contra la sociedad. En 2016, el FBI de Estados Unidos incluyó el maltrato animal como un crimen grave en su sistema nacional de reporte de crímenes. En 2019, lo elevaron a delito federal. ¿Por qué? Porque descubrieron lo evidente: agredir a un ser sintiente también erosiona el tejido social. Genera miedo, rompe la confianza, empobrece emocionalmente una comunidad. En Colombia, seguimos viendo animales encerrados, abandonados, sin justicia… como reflejo de una institucionalidad indiferente, el mismo efecto que produce la corrupción: genera desconfianza y condena a la pobreza.
La corrupción resta riqueza y suma pobreza. La corrupción no solo roba recursos. Roba esperanza. Roba humanidad. Mientras unos concentran fortunas ilícitas, la ciudadanía paga más impuestos, recibe menos obras, y se resigna a vivir en la precariedad. La ecuación es clara: menos ética, más pobreza. Menos vigilancia, más saqueo. Más impunidad, menos oportunidades. Y los resultados están a la vista: obras inconclusas, animales abandonados, ingenieros quebrados, salarios impagos, jóvenes sin oportunidades.
Destruir la confianza: el objetivo más perverso. Cuando todo parece sospechoso, cuando ya no se puede creer en nada ni en nadie, las redes corruptas ganan y las bodegas perversas desbordan y orientan el futuro de nuestro país. Porque su alimento es el miedo, el silencio, la resignación. Por eso atacan lo que une, lo que construye, lo que representa un futuro distinto. La ética, el servicio público honesto, el activismo social: todo eso les estorba.
La salida existe. Pero requiere coraje. Requiere voluntad política y acción ciudadana. Significa entender que proteger una vida —humana o animal— no es un trámite: es la base de una sociedad ética. Es tiempo de dejar de premiar al tramposo. Es hora de que ser honesto deje de ser una desventaja y resistir. Colombia está llena de millones de personas que creen y ejercen un trabajo digno, con ética profesional y encaminados en el bien común. Es hora de organizarnos, de visibilizar esa mayoría.
En una sociedad donde un animal debe esperar 45 días para ser rescatado, la pregunta no es si hay corrupción. La pregunta es: ¿cuánto más vamos a tolerarla? Porque mientras nosotros dudamos, ellos se organizan. Mientras nosotros nos indignamos en silencio, ellos se reparten el botín.