Por: León Valencia – Cambio / www.latardedelotun.com ________
La jueza Sandra Heredia ha hecho una sólida argumentación jurídica para condenar al expresidente Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. Aún no sabemos si en segunda instancia se ratifica o no esta condena. Pero este largo juicio, sus protagonistas y sus debates, han dejado preguntas más allá, mucho más allá, de los delitos que motivaron la condena en primera instancia.
Una pregunta inaugural: ¿por qué Uribe se obsesionó con la idea de llevar a Iván Cepeda a la cárcel por acusaciones muy parecidas a las que una variedad de personajes de la vida pública le hacían? ¿Qué fibras tocó Cepeda?
Los indicios y testimonios presentados por Iván Cepeda en los debates parlamentarios de finales de 2012 dejaban ver que Uribe había participado en la formación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia y que la organización de esta estructura ilegal se había realizado en la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe.
Hasta ese momento, los señalamientos a Uribe estaban en los linderos de instigador de los paramilitares, referente ideológico, promotor de estas organizaciones, en fin, un líder político de gran influencia en el país que justificaba la emergencia de estas fuerzas por las infames agresiones de las guerrillas y la incapacidad del Estado para combatir la amenaza subversiva.
Las acusaciones de Cepeda, apoyadas en el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, un campesino convertido en paramilitar que había crecido en la hacienda Guacharacas y había sido condenado a 40 años de cárcel, le daban un giro completo al relato de Uribe.
El Bloque Metro era, por demás, una fuerza tan brutal como misteriosa, como quiera que después de una presencia omnímoda en Medellín y en el oriente y el nordeste de Antioquía desapareció en un santiamén, y su comandante máximo, un exmilitar apodado Doble Cero, fue asesinado en las más extrañas circunstancias.
La segunda pregunta, no menos inquietante, es: ¿qué llevó a Monsalve, parte de una familia que le había servido a los Uribe en Guacharacas, al riesgoso empeño de demostrar la vinculación directa de Uribe con los paramilitares? La jueza Sandra Heredia lo presenta como “un hombre atormentado”.
Quizás ese tormento explique la azarosa cruzada que ha realizado Monsalve. Un campesino especialmente inteligente, que podía tener un futuro y una vida distinta, termina enrolado en una empresa criminal que lo condena por siempre a la cárcel y culpa de esa desgracia a su antiguo empleador. ¿Será esa huella en la memoria la que lo empuja a resistir atentados y vejámenes y controversias durante tantos años con tal de llevar a Uribe a prisión? Esa dualidad de victimario y víctima es ya un trasunto de la vida nacional.
La tercera pregunta tiene que ver con Iván Cepeda. Cuando la Corte Suprema de Justicia, en 2018, desestimó las acusaciones que le había hecho Álvaro Uribe a Cepeda y empezó a escudriñar las actuaciones de Uribe, el senador del Polo Democrático podría haberse retirado de la controversia judicial para cuidar su salud en ese momento bastante comprometida por un cáncer. ¿Qué impulsó a Cepeda a continuar en una causa poco amable y quizás inútil?
El expresidente Uribe, un día antes de la lectura del fallo de la jueza Heredia, con cara de pocos amigos, lanza un duro y largo mensaje, a través de Tik Tok: dice allí que Cepeda cumple designios de las Farc, que siempre ha estado ligado a esa fuerza, al comunismo y a la violencia; pero bien es sabido que Cepeda, desde muy joven, empezó a tomar distancia de las guerrillas, a criticar, no sin vehemencia, la violencia, y luego se convirtió en un gran apoyo de las iniciativas de paz del país y de las negociaciones que pusieron fin a las Farc.
Iván Cepeda ha dicho que su principal motivación es la búsqueda de la verdad y su gran anhelo la reconciliación del país. En los años venideros tendrá ocasión de mostrar la sinceridad de estas convicciones. Es ahora un gran referente de la izquierda y un interlocutor respetado por líderes y sectores de derecha y, si se lo propone, puede convertir el fin de una controversia judicial en el inicio de un proceso, seguramente largo, de reconciliación nacional.
Hay muchas preguntas. Pero para el espacio de esta columna tengo una más: ¿qué ha cambiado en el país para que una fiscal, Marlene Orjuela, y una jueza, Sandra Heredia, se atrevan a llevar a juicio penal y a condenar, por primera vez en la historia nacional, a un expresidente de la República, quizás el hombre más poderoso de la política en los últimos cincuenta años, acompañado de los más afamados y hábiles abogados del país?
Tengo una respuesta, quizá controversial, quizá nada convincente para la derecha. Este es uno de los grandes logros de la transición y de la inauguración de la alternación política en Colombia. Muchos fiscales y jueces se sienten realmente libres, sólo atados a la Constitución y la ley para actuar. Saben que la derecha ha salido temporalmente del poder ejecutivo y ha perdido palancas para actuar en su contra; pero saben también que Petro no tiene mayor influencia en las Cortes y a la vista está que se aguantó la ansiedad de enviar mensajes sobre este juicio que seguramente movía, como nunca, su espíritu y su memoria.