Por: Adriana Arjona – Cambio / www.latardedelotun.com ______
Uribe se pegó un tiro en el pie. Seguramente se ha preguntado mil veces en qué momento de 2012 se le ocurrió demandar al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos. Jamás imaginó que, en febrero de 2018, la Corte Suprema archivaría la investigación contra Cepeda y, en cambio, abriría una contra él por cooptar testimonios en su favor. _______
El caso dio un giro monumental en aquel momento. Y con ese giro, se inició la estrategia de dilación de Uribe. Él, como senador, gozaba de fuero especial, lo que significa que solo podía ser investigado y juzgado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, renunció a su curul el 4 de agosto de 2020, una jugada que trasladó su caso de la Corte Suprema a la Fiscalía, es decir, a la justicia ordinaria.
El entonces fiscal general, Francisco Barbosa, designó al fiscal Gabriel Jaimes para el caso. No fue en absoluto una elección neutral: Jaimes solicitó precluir la investigación en marzo de 2021, argumentando que no existía mérito suficiente. Pero la jueza Carmen Helena Ortiz negó el recurso, y el proceso continuó.
La defensa recurrió, desde entonces, a una estrategia tramposa —legal, sí, pero tramposa— para seguir dilatando el proceso: en 2021 presentó una tutela contra la Corte Suprema, que fue declarada improcedente; en 2023, intentó que otro juez revisara la negativa a precluir, ya rechazada en dos oportunidades; en febrero de 2025 recusó a la jueza Sandra Heredia, generando una suspensión temporal del juicio; también, en febrero de 2025, solicitó un aplazamiento para analizar pruebas recientes. Luego hizo múltiples solicitudes similares, todas negadas, pero que cumplieron su objetivo: dilatar, dilatar y dilatar.
La justicia es ciega, pero también usa muletas. Y gracias a esas muletas, Uribe logró alargar el proceso durante años, en lugar de enfrentarlo con la prontitud y entereza que él suele exigirles a otros. Pienso que la seguidilla de recursos solo evidenció una verdad: el desespero de una defensa incapaz de demostrar la inocencia de su cliente. Y un acusado que no era tan inocente como aseguraba.
Fuera de los estrados, la defensa y los seguidores de Uribe impulsaron una narrativa de lawfare para desacreditar el proceso, argumentando persecución política. Todo lo anterior, sumado a los más de 50 testigos que la defensa llamó a declarar, tenía un único propósito: llegar sin fallo condenatorio al vencimiento de términos en octubre de 2025.
En el juicio no solo se demostró la culpabilidad de Uribe por delitos de sobornos y fraude procesal. A través de las grabaciones de llamadas telefónicas entre el acusado y sus abogados, tanto como de las declaraciones de los testigos, también salieron a la luz asuntos realmente graves. En una audiencia, la misma jueza tuvo que advertirle a Uribe que se estaba autoincriminando cuando aseguró que él mismo había enviado a miembros del Ejército a apoyar a integrantes del Bloque Metro.
Y los testigos, en una mezcla de desfachatez e imprudencia, mencionaron otros crímenes igualmente tenebrosos, si llegan a demostrarse: Monsalve, testigo principal y exintegrante del Bloque Metro, afirmó que dicho grupo se formó en la hacienda Guacharacas (propiedad de la familia Uribe) entre 1996 y 1997, con participación directa del expresidente Uribe y su hermano Santiago; otros testimonios, como el de alias ‘Pipintá’, confirmaron la participación de Uribe en la masacre de San Roque; varios exparamilitares testificaron que en la misma hacienda Guacharacas se instaló una válvula clandestina para robar combustible del poliducto de Ecopetrol. El Cartel de la Gasolina traficaba el líquido en una estación de San José del Nus y era usado para financiar grupos paramilitares.
En este proceso se hizo justicia. La jueza Sandra Heredia declaró a Uribe culpable de soborno a testigos y fraude procesal. Pero todos sabemos dos cosas: la primera, que la defensa apelará; y la segunda, que los tiempos no darán para una sentencia condenatoria en segunda instancia, pues la prescripción penal está prevista para octubre de 2025.
Pero no importa. Aunque Uribe quede libre, este fallo ya es tan histórico como el proceso mismo: Uribe ha sido el único expresidente en la historia de Colombia en enfrentar un juicio penal de este calibre. Debo admitir que hay una especie de justicia poética al ver a una persona que ha marcado con violencia y polarización el destino de Colombia pasando sus últimos años ante una jueza (valiente y lúcida), intentando demostrar su inocencia.
Lo más curioso es que, en sus esfuerzos por restaurar su nombre, el mismo Uribe insiste en enlodarlo. Este proceso fue un festín de trapos sucios. Sus testigos fueron, en su mayoría, personas a las que hay que temerles: asesinos, secuestradores, participantes en masacres, condenados por homicidio, violación y tortura. Dice mucho del reo que sus principales testigos sean decenas de convictos.
Si existe la justicia en Colombia, el que acaba de terminar no será ni el primero ni el último juicio que se le viene pierna arriba a Uribe Vélez. Acaso el próximo será por alguno de los crímenes que tanto el acusado como sus testigos mencionaron. Y si otro proceso tiene lugar, veremos a Uribe Vélez, nuevamente, dando patadas de ahogado en su propio lodazal.
O, tal vez, si quisiera terminar su vida con algo de decencia, se presentaría ante la JEP para decir la verdad (no como la que dijo frente a la Comisión de la ‘Verdad’), sino una que le haga justicia a las víctimas, que no son pocas.
Por mi parte, preferiría mil veces verlo libre pero diciendo la verdad, que cumpliendo una condena en su finca-de-miles-de-hectáreas-por-cárcel, tomando tinto sin que se le derrame sobre un caballito de paso. Uribe le debe más a la verdad que a la libertad.