Por: Iván Serrano – Cambio / www.latardedelotun.com ________
Representantes de la agencia de medios que manejó la publicidad conservadora en 2022 demandaron al partido por $720 millones. Denunciaron que el partido desvió parte del presupuesto destinado a publicidad para Congreso 2022 —contratado con Media Consulting— para financiar anuncios del candidato presidencial, David Barguil, superando así los topes legales de su campaña. En medio de este embrollo, un juez ordenó el embargo de cuentas e inmuebles del Fondo Conservador y, de prosperar la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, podríamos ver multas o sanciones para el partido y la campaña de Barguil por incumplir los límites de gasto electoral.
El Partido Conservador tiene su sede en una hermosa casona ubicada en el sector del Park Way, en el barrio La Soledad. Esta edificación de los años 50, de distribución simétrica y con portones de herrería, ha sido escenario de décadas de historia. Sin embargo, el capítulo más reciente dista de ser uno de los más gloriosos.
El pasado 10 de febrero de 2025, el Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá decretó, como medidas cautelares, el embargo de hasta $1.100 millones sobre las cuentas bancarias del Fondo Nacional Económico del Partido Conservador y el secuestro preventivo del inmueble registrado bajo la matrícula 50C‑867935.
Este es el más reciente episodio de una historia que podría acarrear otras sanciones e investigaciones por posibles violaciones a los topes de campaña. En la denuncia, interpuesta el 27 de noviembre de 2023 por Marlon Díaz, representante legal de Media Consulting Group Colombia S.A.S., el demandante alega que, tras suscribir el Contrato No. 024 de fecha 3 de febrero de 2022 —firmado por Díaz por Media Consulting y por Omar Yepes y Elías Raad en representación del Fondo Nacional Económico del Partido Conservador— recibió instrucciones verbales de Raad y de la secretaria de prensa Natalia Morales Urquijo para reservar espacios prime time en medios nacionales.
El 28 de febrero de 2022, el Fondo Nacional Económico del Partido Conservador, sin reformar ni adicionar el contrato original, habría ordenado que $280 millones del presupuesto pactado para promover candidatos al Congreso se desviaran a financiar anuncios de 30 segundos para la candidatura presidencial de David Barguil en Caracol TV.
Esta maniobra sería irregular porque el Código Electoral exige que cada campaña —presidencial, parlamentaria o local— cuente con un tope de gastos y una contabilidad independiente. Al no registrar formalmente esa pauta en el contrato ni reportarla como gasto de la campaña de Barguil, el partido habría podido eludir sus propios controles internos violando los topes legales, pues usó recursos del fondo para candidatos al Congreso con un fin proselitista distinto y con un tope financiero separado. En la práctica, se habría producido un sobregiro no declarado que podría haber alterado el principio de equidad en la contienda.
Según la misma denuncia, Raad y Morales prometieron a Díaz cubrir ese gasto con futuras donaciones y ajustes internos, para que el desvío no quedara registrado oficialmente y no se evidenciara la violación de los topes electorales. Según la denuncia, Díaz cumplió la instrucción y destinó los $280 millones a la pauta de Barguil, confiando en esa promesa de arreglo, que luego no se materializó.
El “favor” político dejó una pesada factura financiera. Con esa partida desviada, quedó un faltante para cubrir la publicidad radial y otras obligaciones del contrato original. Al no recibir reembolso, Media Consulting Group fue incapaz de pagar a medios como Caracol Radio, acumulando deudas y sanciones comerciales. Durante meses, Díaz buscó soluciones internas: alertó informalmente al secretario general Adolfo Pineda y al expresidente conservador Omar Yepes sobre el problema.
Finalmente, en noviembre de 2023, elevó un requerimiento de pago al entonces presidente del partido, Efraín Cepeda, advirtiendo que, de no saldar la deuda de aproximadamente $720 millones, se vería obligado a demandar. En esa misiva —una mezcla de súplica y advertencia— Díaz recalcó que acudiría a la vía judicial, lo que “generaría un escándalo mediático” involucrando al partido, a Barguil y a la propia agencia. También subrayó que ese impago prolongado y el manejo irregular de la pauta podrían destapar la violación de topes ante el Consejo Nacional Electoral, con severas consecuencias reputacionales y legales. La respuesta fue el silencio.
Sin alternativa, Media Consulting Group instauró en 2024 un proceso ejecutivo contra el Fondo Nacional Económico del Partido Conservador por incumplimiento contractual y cobro de la suma adeudada, respaldada en la Factura No. 068. La justicia le dio la razón inicial al demandante al decretar medidas cautelares. En el auto del 10 de febrero de 2025, el Juzgado 51 Civil del Circuito ordenó:
Embargo de cuentas bancarias a nombre del Fondo Nacional Económico hasta por $1.100 millones, cubriendo capital, intereses moratorios y costas potenciales.
Embargo y secuestro del inmueble registrado con matrícula 50C‑867935.
Convocatoria a audiencia inicial para el 21 de agosto de 2025, donde se practicarán pruebas y declararán, bajo juramento, los testigos citados.
El proceso de reclamación económica sigue su curso, ahora queda en manos del Consejo Nacional Electoral decidir si abre una investigación.