Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com________
En la política colombiana, la figura de Álvaro Uribe continúa siendo un referente para sectores de la derecha y la ultraderecha que buscan mantener su influencia y poder en el estado, en la vida política y en el monopolio económico del país. Esta misma facción, hoy, desconoce y minimiza el proceso judicial que se llevó a cabo en primera instancia contra el expresidente, poniendo en entredicho, el Estado de Derecho y la independencia de la justicia en Colombia.
Uribe, gobernó el país en dos períodos consecutivos del 2002-2010 y luego en cuerpo ajeno del 2018 – 2022, con un poder casi absoluto, saltándose los sistemas de pesos y contrapesos dentro del Estado, cooptándolo de tal manera que manejó a su antojo los tres poderes y los organismos de control. Con el tiempo se convirtió en un protagonista de controversias, acusaciones, señalamientos y más de 200 denuncias ante la Comisión de acusaciones del Congreso, 28 procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con paramilitares, manipulación de la justicia y violaciones a los derechos humanos. Pero a pesar de las evidencias y las investigaciones, su figura ha sido protegida por sectores ultraconservadores que consideran que sus acciones, aunque polémicas, estuvieron justificadas en el marco de su lucha contra el terrorismo, por eso se ha ganado el mote del “intocable” de su inacabable “efecto teflón” que no permite que nada se le pegue.
La defensa a ultranza de Uribe por parte de la derecha y la ultraderecha colombiana en estos días posteriores a su condena por parte de la Jueza 44, se traduce en campañas de desprestigio hacia los jueces y fiscales que han llevado casos en su contra, de igual manera contra el gobierno de Gustavo Petro, tratando de politizar un tema que es eminentemente judicial, mediante discursos que minimizan el proceso judicial y las sentencia derivada. De otra parte y con los mismos objetivos, están las campañas en medios de comunicación y bodegas en redes sociales de sus áulicos, familiares, políticos afines y sobre todo, de los precandidatos de la oposición, quienes aún lo ven como el que puede poner un presidente. Este blindaje que tratan de imponer no solo busca salvarlo de una condena, también limpiar la imagen del exmandatario y consolidar un bloque político que rechaza cualquier intento de cambio en el país que afectar sus intereses y su visión del Estado.
Es evidente que esta actitud desconoce el carácter independiente y la función esencial de la justicia en una democracia. La justicia no puede ser un instrumento al servicio de intereses particulares o políticos, debe ser un mecanismo imparcial que garantice la rendición de cuentas y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. La posición de la derecha basada en discursos de victimización sobre el condenado y amenazas a las instituciones, socava la confianza en el sistema judicial y perpetúa la impunidad.
Es fundamental que en Colombia no permitamos que se deslegitime la institucionalidad, por el contrario, se fortalezca y se respete la independencia de la justicia. Colombia necesita ser una sociedad más justa, transparente y respetuosa de los derechos humanos, donde ningún líder, por poderoso que sea, esté por encima de la ley.
En conclusión, la postura de la oposición que defiende a Uribe desconociendo la justicia, no solo refleja un interés político, también se convierte en un peligro para la democracia y el Estado de Derecho. La justicia debe prevalecer por encima de las preferencias ideológicas y los intereses particulares, garantizando que la verdad y la justicia sean accesibles para todos.