Noticias: 1. Declaraciones de Min Defensa a The New York Times. 2. Timonazo en la política antidroga. 3. Es mucho más que sustituir una mata por otra: Gloria Miranda. 4. La política antidroga defiende los derechos humanos de campesinos. 5. Históricos logros contra las mafias del narcotráfico. ________
www.latardedelotun.com / RED Noticias – Fuentes: NYT. – Presidencia – Presidencia – Cancillería – Min Defensa.
- “Si hay alguien que tenga una voluntad férrea para combatir el narcotráfico es Colombia”: Min Defensa a The New York Times.
“Colombia es el mayor receptor de gasto militar estadounidense en América Latina, y las autoridades colombianas advierten que la pérdida de la certificación perjudicaría a ambos países”.
Esa es la principal conclusión del análisis que presenta este sábado, desde Bogotá, la periodista Genevieve Glatsky, del periódico estadounidense The New York Times, en un artículo titulado ‘EE.UU. analiza si recortar la ayuda a Colombia debido al auge de la cocaína’.
La publicación señala que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras intensifica su campaña militar contra los narcotraficantes cerca de aguas venezolanas, “analiza simultáneamente si debería recortar la ayuda al principal productor de cocaína del mundo: Colombia”.
Pero el periódico también recoge la opinión de altos funcionarios colombianos que defienden la lucha contra los cultivos ilícitos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con cifras defendió los esfuerzos de Colombia en la lucha contra las drogas: dijo que entre enero y septiembre de 2025, frente al mismo lapso del año pasado, las incautaciones de cocaína aumentaron 8%, la destrucción de laboratorios clandestinos de drogas 21%, y fueron abatidos 3.200 miembros de ilegales que representan 17% más que el año pasado. Eso, sin contar los asesinatos de soldados y policías en operaciones antidroga.
“Nosotros consideramos que hemos hecho todo lo necesario y todo lo que está al alcance”, dijo el ministro Sánchez a NYT, y agregó: “Si hay alguien que tenga una voluntad férrea para combatir el narcotráfico es Colombia”.
Por su parte, el el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, le dijo al diario estadounidense que “Una hipotética descertificación sería muy injusta, perjudicaría definitivamente a Colombia, perjudicaría también a Estados Unidos y, en definitiva, solo beneficiaría a los narcotraficantes”.
Recuerda el artículo que, por décadas Colombia ha sido el principal aliado de Washington en la lucha contra las drogas “recibiendo miles de millones en ayuda y, al mismo tiempo, proporcionando información sobre rutas, redes y envíos”, pero agrega que “ahora esa asociación está amenazada”.
No obstante, también muestra que el país del norte sufriría las consecuencias de descertificar a Colombia en sus esfuerzos contra las drogas, decisión que debe adoptar el próximo 15 de septiembre.
De un lado, dice la periodista Glatsky, “si la certificación no es aprobada podría tener enormes consecuencias como la suspensión de cientos de millones de dólares en ayuda, además de provocar sanciones y restricciones de visados a funcionarios del Gobierno colombiano y dañar una de las alianzas más estrechas de Washington en América Latina”.
Pero, de otro, advierte que “según expertos, recortar la ayuda (a Colombia) socavaría los esfuerzos del Gobierno de Trump por mantener las drogas fuera de Estados Unidos, al paralizar la lucha de Colombia contra los grupos criminales que impulsan el tráfico de cocaína”.
- El timonazo en la política de drogas.
Con la puesta en marcha de una estrategia ambiciosa e innovadora, el Gobierno del Cambio busca dejar sentadas las bases que mejoren las condiciones de las comunidades afectadas por el narcotráfico.
“Con ustedes queremos cambiar esta economía, cuidarla, lograr que el campesinado y las comunidades étnicas puedan prosperar, mostrándole al mundo cómo una política que no se basa en las rejas, en las extradiciones, en la corrupción del Estado o en la represión puede ser muchísimo más eficaz”.
Con estas palabras el presidente Gustavo Petro lanzó oficialmente –el 3 de octubre de 2023, en El Tambo (Cauca)– la nueva política de drogas de Colombia “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, trazada con una proyección a 10 años (2023-2033), en cuya construcción participaron por primera vez las comunidades afectadas por el narcotráfico.
La nueva estrategia, que avanza en su implementación en zonas como el Catatumbo y el Cañón del Micay, se compone de dos pilares, denominados Oxígeno y Asfixia, con objetivos distintos, aunque complementarios, lo que le brinda a la política el espíritu de integralidad e innovación frente al modelo exclusivamente prohibicionista y represivo que ha caracterizado a la guerra antidrogas vigente desde 1971.
Los siguientes son algunos de los objetivos de los dos pilares:
- Pilar Oxígeno
—Apoyar el tránsito integral hacia economías lícitas y la reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones (rurales y urbanas) que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas.
—Implementar medidas de manejo ambiental y acción climática para la conservación y restauración de las zonas que, directa e indirectamente, han sido afectadas por la economía de las drogas ilícitas.
—Abordar el consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y de derechos.
- Pilar Asfixia
—Afectar las capacidades y rentas de las organizaciones más fuertes del narcotráfico y el microtráfico, afectar su infraestructura ilegal, controlar estratégicamente sus insumos y combatir la corrupción asociada a sus actividades ilícitas.
—Fortalecer la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre, al igual que la persecución de las finanzas ilegales y lucha contra el lavado de activos, mediante el desarrollo de fuerzas de tarea de carácter internacional contra el crimen organizado, entre otros instrumentos.
—Avanzar en diálogos de paz y procesos de sometimiento como mecanismos para des escalar la violencia y desarticular organizaciones criminales vinculadas al mercado ilegal de drogas.
- Regulación
La nueva política incluye avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca, proteger las prácticas y saberes de las comunidades étnicas asociados a las plantas y liderar una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno.
- Erradicación
La estrategia busca reducir 90 mil hectáreas de cultivos ilícitos: 69 mil hectáreas voluntariamente y 23 mil hectáreas con cultivos de alto rendimiento industrial de manera forzosa.
- Impacto
Con esta política el gobierno estima entre 55 billones de dólares y 86 billones de dólares en pérdidas para las finanzas ilícitas. El propósito es que esta política posibilite que aproximadamente 50 mil familias, de las casi 115 mil que actualmente dependen de la coca de manera ilegal como su medio de sustento, puedan transitar hacia actividades económicas legales.
- Es mucho más que sustituir una mata por otra: Gloria Miranda.
Antes, la acción se limitaba a la sustitución de cultivos. El Gobierno del presidente Gustavo Petro busca transformar el territorio, para que las economías legales desactiven las economías ilegales.
Por Miguel Herrera Arciniegas
La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se ha convertido en pieza principal de las políticas de transformación en territorios que históricamente han estado bajo el dominio de grupos ligados a economías ilegales como el narcotráfico.
Gloria Miranda Espitia está al frente de esa entidad, que ha sido protagonista de cambios importantes en las regiones y, en especial, en la atención de poblaciones de alta vulnerabilidad que han padecido violencia y represión.
En diálogo con VIDA, la funcionaria hizo un balance de la sustitución y mostró los logros del Gobierno Nacional en este campo.
“Buscamos un nuevo contrato social con estas poblaciones, entre las que un primer logro es recuperar la confianza, porque se les había incumplido por muchísimos años”.
¿Cuál es el alcance de los logros del Gobierno en la sustitución de cultivos de uso ilícito?
Nos hemos trazado como una meta fundamental la transición de las comunidades que dependen de economías ilícitas basadas en la coca hacia economías lícitas, sobre todo aquellas que aporten a la paz y a la transformación del territorio. El programa de sustitución de cultivos Renhacemos es parte de la política nacional de drogas que se llama Sembrando vida. Estamos atendiendo las vulnerabilidades estructurales que han llevado a que las comunidades dependan de cultivos de uso ilícito. En parte se trata de la falta de presencia del Estado en territorios pobres y con alta desigualdad. Buscamos un nuevo contrato social con estas poblaciones, entre las que un primer logro es recuperar la confianza porque se les había incumplido por muchos años. En cifras, la meta para 2025 es 20.000 hectáreas sustituidas para unas 10.000 o 15.000 familias atendidas que logren dejar la dependencia de los cultivos de uso ilícito y emprender proyectos de vida basados en una economía legal como el café o el cacao.
¿Qué diferencia de políticas hay con los gobiernos anteriores?
Los programas anteriores eran netamente de sustitución de cultivos, es decir, se enfocaban en su gran mayoría en cambiar una mata por otra mata. Nosotros pensamos más en la sustitución de economías ilícitas, es decir, apoyar al campesino desde la producción hasta la comercialización. La segunda diferencia es que no queremos que el campesino se quede únicamente en la producción de materia prima, sino que trascienda a productos con valor agregado. Financiamos una infraestructura que permite al campesino, esa agregación de valor, como las plantas de transformación de beneficiaderos, secaderos y centros de acopio, entre otros. Y lo tercero, estamos insertando la sustitución en el contexto de la transformación de territorios.
En cuanto a los programas, ¿qué se ha hecho para cumplirles a las familias en el caso del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS)?
Es un programa en el que se incumplió por muchos años. Ha sido todo un reto reactivarlo. Inicialmente, renegociamos con las familias. Este programa de sustitución diversificó demasiado las líneas productivas, lo que impidió la agroindustrialización, porque no había ni volúmenes de producción ni una asistencia técnica efectiva. Renegociamos con 85 % de las familias cultivadoras y no cultivadoras del PNIS, que son alrededor de 58.000. Aún estamos en proceso con el resto. Lo otro que hicimos fue subsanar los yerros de la implementación.
¿Cuál fue el criterio para seleccionar áreas o regiones?
Tomamos, sobre todo, tres componentes. La concentración de la coca. Buscamos enfocar la intervención en los enclaves cocaleros, es decir, donde pudiéramos generar un mayor impacto. Un segundo criterio fue estar donde existieran mesas de negociación de paz. La articulación entre la política de paz y la política de drogas es fundamental. Donde hay mesas de negociación andando y avanzadas, el programa de sustitución está caminando a pasos agigantados. El tercer criterio es la voluntad, cuando la gente ha levantado la mano y ha dicho nosotros queremos sustituir.
¿Qué dificultades han tenido en su trabajo en los territorios?
Son evidentes los desafíos. La falta histórica de la presencia del Estado en estos territorios. En las zonas cocaleras las vulnerabilidades son mayores. Vías de acceso deficientes, inoperancia de las instituciones de justicia o la precaria infraestructura para el desarrollo. Por esto, en el Gobierno del Cambio la mayor cantidad de instituciones está comprometida con ir al territorio y con hacer presencia. Lo otro es recuperar la confianza de las comunidades, que han sufrido el incumplimiento por mucho tiempo. Al respecto, nosotros sí hemos cumplido y por tal motivo se han ido sumando cientos e incluso miles de personas a los programas. Un gran desafío que resaltaría es la seguridad, que en algunos territorios le pone una dificultad adicional al proceso de sustitución. También están las asignaciones presupuestales.
¿Qué historias de vida la han conmovido en su labor como directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos?
Muchos casos que me han motivado a seguir adelante en mi trabajo. Mi motivación día a día son las comunidades, porque quizás nosotros vivimos en un contexto de privilegio que allí no se tiene y ver que la llegada del Gobierno y de programas como Renhacemos, incluso el PNIS, logran transformar vidas, es una gran motivación. Si tuviera que escoger entre muchas historias, sin duda elegiría la de las madres cabeza de familia. Son mujeres empoderadas que quieren sacar adelante el territorio y que han visto el efecto desproporcionado del narcotráfico o de políticas anteriores punitivas y mucho más enfocadas en lo militar.
¿Y la meta específica de sustitución para 2026, cuando termina el periodo de gobierno?
En principio, la meta de 2025 es 20.000 hectáreas. Pero creo que uno de los grandes logros sería dejar financiado el programa de sustitución para las siguientes vigencias y periodos, porque esto tiene que ser una política de Estado.
“La articulación entre la política de paz y la política de drogas es fundamental”.
- La política antidroga defiende los derechos humanos de campesinos.
El ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, ha dicho que se han mitigado los riesgos para la población civil. También se privilegian inversiones para el tránsito de la población hacia economías lícitas.
La lucha antidroga del Gobierno del Cambio está fundamentada en el equilibrio entre los derechos humanos y sociales y las políticas de seguridad. Se atacan las finanzas de las estructuras criminales con la interdicción de cargamentos, las operaciones contra el lavado de activos y, de otro lado, se impulsa la atención social, explicó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
Esto ha permitido que la Administración del presidente Gustavo Petro presente más logros que gobiernos anteriores, privilegiando la inversión, impulsando el tránsito hacía economías lícitas, mediante la titulación y la adjudicación de tierras, lo mismo que los emprendimientos productivos.
Montealegre consideró un acierto el enfoque de mitigar riesgos para la población civil, campesinos y comunidades étnicas en zonas de cultivos de uso ilícito, promoviendo la sustitución voluntaria en la erradicación, como parte de la proporcionalidad en el manejo del orden público.
No se puede hacer un uso indiscriminado de la aspersión con glifosato y se deben acatar las disposiciones judiciales emanadas de la Corte Constitucional.
En los fallos del tribunal constitucional se concluye que la aspersión con glifosato no disminuye los cultivos ilícitos, sino que lleva al desplazamiento de la población y de las plantaciones ilegales.
900 millones de dosis Dejaron de circular por el mundo evitando que ganancias millonarias llegaran a los narcotraficantes.
Balance de acciones contra narcos
Las acciones antidroga no se han limitado a las incautaciones. En el último año, según cifras consolidadas del Ministerio de Defensa se han destruido 5.261 laboratorios, se registran capturas de 183 extraditables, se han entregado a la justicia de Estados Unidos y de otros países 177 delincuentes y se han ocupado bienes de la mafia valorados en más de 125 millones de dólares.
Entre los delincuentes neutralizados recientemente están alias “Guillermino” y alias “Marlon”, dos de los responsables del asesinato de 13 policías en Amalfi. Murieron al enfrentarse a la Policía. Eran miembros del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales que más se ha golpeado en el país. También fueron capturados 163 extranjeros pertenecientes al llamado Tren de Aragua, incluidos varios cabecillas.
El esfuerzo colombiano ha impedido la circulación en el mundo de 900 millones de dosis de estupefacientes, con un costo en las calles de 29 billones de dólares, evitando que esas ganancias llegaran a las arcas de los carteles de la droga.
El presidente Petro exaltó la cooperación internacional en las acciones antidrogas. “Mantenerla -dijo- es vital para evitar que se desplome el andamiaje que hemos construido en la lucha contra el crimen organizado”.
- Históricos logros contra las mafias del narcotráfico.
Nunca antes las operaciones de las autoridades colombianas fueron tan efectivas. Se están afectando duramente los negocios del narcotráfico.
El Gobierno del Cambio registra las cifras más contundentes en incautaciones de cocaína, según el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. También, fueron destruidos 5.261 laboratorios y se han capturado 183 extraditables.
Un barco abordado en costas españolas es, por estos días, protagonista en la lucha contra las drogas en el mundo, no solo por las cuatro toneladas de cocaína encontradas en su interior, sino por haberse detectado gracias una labor de inteligencia previa de la Policía Nacional de Colombia y la Agencia Federal de Investigación (FBI).
La embarcación, es probable, eludió el despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe, reveló el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. La nave, según información de las autoridades zarpó de Puerto López, en la alta La Guajira.
Lo relevante para el jefe de Estado es que el cargamento fue interceptado con base en información entregada por la Policía colombiana y el FBI a la Guardia Nacional de España, lo mismo que a las autoridades de Portugal, que también fueron parte del operativo.
La coordinación “es un camino eficaz”, dijo el mandatario al comentar el resultado antidrogas.
En acciones similares, de su parte, Colombia consiguió incautar 889 toneladas en 2024, Según el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán. Es una cifra histórica, destacó el oficial, la mayor alcanzada por el país en un año y una de las más grandes reportadas en el mundo.
El logro se debe al trabajo diario de 186 mil policías y de más de 300 mil efectivos de las Fuerzas Militares en selvas, montañas, mares, ríos, carreteras, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos en el territorio nacional.
El compromiso es total
La lucha es constante. En el primer semestre de 2025 van 600 toneladas incautadas. Es decir, 20 % más a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, explicó el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, ante un auditorio en la XXXIX Conferencia Internacional para el Control de Drogas (Idec), celebrada en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, hace dos semanas.
“Me presento ante ustedes con el corazón herido, luego de asistir a las honras fúnebres de 13 valientes policías de Colombia asesinados por las mafias del narcotráfico en momentos en que llevaban a cabo una operación de cultivos de uso ilícito”, expresó ante los asistentes, enfatizando el precio que ha tenido para Colombia esta lucha: 107 miembros de la fuerza pública muertos en 2024, entre ellos, 79 policías.
El general Triana recordó que mes y medio antes de ese ataque, en compañía de una delegación de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, de los Estados Unidos, visitó el área donde los criminales atacaron el helicóptero Black Hawk, en el que se transportaban los policías víctimas del ataque criminal.
Ese aparato, precisó, pertenece a la flotilla aérea con la que Estados Unidos apoya la lucha contra las drogas, “la misma con la que venimos efectuando más de 20.000 horas de vuelo anuales en el combate al crimen organizado, con un taxímetro que marca entre 7 millones de dólares y 12 millones de dólares por cada hora de vuelo”.
Nuevos tiempos y nuevos vientos contra el narcotráfico
Son miles las víctimas fatales y millones las personas afectadas directa o indirectamente por el narcotráfico en Colombia, durante más de medio siglo. Es uno de los argumentos del presidente Gustavo Petro para afirmar que la política mundial antidrogas ha fracasado. Es un dictamen que ha hecho desde antes de ganar las elecciones de 2022.
En 1971, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, lanzó oficialmente la guerra contra las drogas y ese país no ha parado en acciones y condicionamientos internacionales que en nada han desactivado un negocio billonario. El flujo permanente de capitales procedentes del tráfico de drogas, lo que eso implica y el envenenamiento y muerte de millones de jóvenes de diferentes generaciones han sido consecuencias de un costo incalculable para ese país.
En Colombia ha sido un negocio que infiltró la sociedad, arrinconó al Estado, impuso las condiciones para mover las economías ilegales, fortaleció la corrupción y patrocinó las diversas violencias que han padecido los territorios.
Por eso fracasó la guerra contra los carteles de la droga, que han cambiado de rostros y de estrategias para evadir a la justicia y a las autoridades. Han estado en la política, en los diferentes sectores de la economía y en la vida cotidiana de la sociedad.
Han patrocinado ejércitos privados para combatir a la guerrilla y masacrar a organizaciones sociales y representantes de sectores de izquierda. Han corrompido la política, las Fuerzas Militares y la Policía. No son los únicos, pero su poder económico ha falseado el verdadero ritmo de crecimiento de la economía.
¿Y quiénes son sus víctimas? El país, la sociedad toda, el pueblo. Involucraron a campesinos marginados por el Estado y expuestos a sobrevivir como sea, a hacer parte de la cadena en el primer escalón: cultivar la hoja de coca. Son miles que por años estuvieron en la mira de las políticas de los gobiernos para criminalizarlos sin ofrecerles alternativas a la economía ilegal.
La nueva política antidrogas del presidente Petro, que anunció el 3 de octubre de 2023, en El Tambo (Cauca), divide las acciones del Estado en dos partes: la lucha contra el negocio del narcotráfico y oxígeno para las comunidades productoras de la hoja de coca, impulsando la transformación del territorio para sustituir las economías ilegales por legales.
Es una visión diferente porque no es solo la guerra, sino atacar de fondo las razones sociales y económicas que sirven para la incidencia del narcotráfico.
Los resultados están a la vista y esa es la razón de este especial de Vida para poner sobre la mesa que el Gobierno cumple lo que dice y que efectivamente ha impactado el negocio de las mafias del narcotráfico, restándole billonarias ganancias e impidiendo que millones de dosis se vendan en las calles del mundo.
Hoy existe un trabajo articulado de diferentes entidades del Gobierno por la transformación de los territorios para frenar el crecimiento de las economías ilegales.
Y desde su política exterior, Colombia ha liderado esa nueva visión, haciendo valer el sacrificio de décadas y exponiendo su posición de tú a tú con Estados Unidos y otros aliados.
Son nuevos tiempos y nuevos vientos para enfrentar el principal factor de violencia y corrupción.