Por: Daniel Coronell – Revista Cambio. www.latardedelotun.com / RED Noticias de Colombia. _____
La contadora que firmó los estados financieros, con los que el abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal se presentó como pequeño productor agrícola para obtener un crédito preferencial y un subsidio, es una alta directiva del gremio ganadero, Fedegán. Una asociación presidida por José Félix Lafaurie, padre del beneficiario. Esta poderosa familia usa recursos del gremio y del Fondo Nacional del Ganado, una cuenta especial de recursos parafiscales –es decir dineros públicos– para hacer negocios particulares.
Vamos desde el comienzo. El viernes 22 de abril de 2024, el penalista Juan José Lafaurie Cabal fue hasta una sede del banco Serfinanza, en el Cesar, para pedir un crédito de bajo interés por 400 millones de pesos para sembrar palma y, de paso, echarle mano a un subsidio de $95.273.700, el monto máximo permitido por las normas.
En el Cesar todo el mundo sabe quiénes son los Lafaurie, una familia de terratenientes cuyo miembro más visible, José Félix Lafaurie, alardea de las extensas haciendas que desde hace 150 años están en poder de su estirpe, como si fuera un mérito suyo. El nombre de Lafaurie aparece mencionado en procesos por expoliación violenta de tierras a campesinos y relaciones con paramilitares.
El favorecido con el crédito y el subsidio, Juan José Lafaurie Cabal, tiene una rica prosapia por parte de madre. María Fernanda Cabal es miembro de una familia que por varias generaciones ha estado vinculada al cultivo de caña de azúcar y a la creación de ingenios en el Valle del Cauca.
Con esos antecedentes, es difícil hacerse el pequeño productor. Cuando le pregunté a Serfinanza cómo había logrado Juan José Lafaurie Cabal acreditar esa condición, la respuesta fue: “La condición de pequeño productor se determinó a partir de la información financiera aportada por el solicitante, en particular sus estados financieros a 31 de diciembre de 2023”.
Esos estados financieros aseguran que el joven penalista que, de acuerdo con sus propias publicaciones en Instagram, viaja por el mundo con todos los lujos, usa relojes costosos, maneja automóviles convertibles y posa al frente de almacenes de marca, tiene activos por $129.139.311 y que sus ingresos anuales son de $95.996.800.
Su papá dice que el subsidio, llamado Incentivo de Capitalización Rural, ICR, los 95 millones que los contribuyentes le regalaron a su hijo, tienen como propósito que su privilegiado vástago no abandone el campo. A juzgar por la vida que publica el penalista en las redes sociales, no frecuenta mucho el campo.
Pero volvamos a los magros estados financieros del favorecido con los recursos de los contribuyentes. La contadora que los firma se llama Carolina Useche Rodríguez.
Y aquí está la nueva sorpresa: Carolina Useche Rodríguez es la directora administrativa y financiera de Fedegán. Es decir es una empleada del gremio ganadero, pagada con los recursos de los afiliados, que trabaja para los negocios particulares del hijo del presidente de la asociación.
La señora Useche es una persona de altas responsabilidades en Fedegán. Entre otras cosas, es la representante del gremio en la asamblea de accionistas de la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol), en donde Fedegán es uno de los mayores socios privados.
Pero sobre todo, en su calidad de contadora pública, debe dar fe sobre los documentos que firma y es legalmente responsable por ellos.
La utilización de una alta funcionaria, pagada por el gremio, para avalar los estados financieros del hijo del presidente de Fedegán, no es el primer abuso que sale a flote en este proceso.
La Contraloría ordenó una visita para auditar la inversión de los recursos prestados y regalados al abogado Juan José Lafaurie Cabal. Por supuesto, él no estaba labrando la tierra, como quiso describirlo su papá cuando salió a dar la cara por sus actuaciones.
La visita fue atendida por el veterinario Harold Niño Castillo, empleado del Fondo Nacional del Ganado. Es decir, una persona pagada con recursos públicos puesta al servicio del hijo del presidente de Fedegán.
El Ministerio de Agricultura, Finagro y la Superintendencia Financiera, cada uno dentro de sus competencias, investigan a los implicados en este caso, que va a seguir creciendo.