Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com – RED Noticias de Colombia. ______
El departamento de Córdoba ocupa nuevamente los grandes titulares de la prensa nacional, no por avances estructurales de sus planes de desarrollo o de justicia social en esos territorios, sino por una tragedia anunciada que les llegó de frente producto de un fenómeno atípico resultado del cambio climático a nivel global. Inundaciones de gran magnitud y miles de familias damnificadas, pérdidas agrícolas y pecuarias incalculables y una sensación de déja vu, que remite a décadas de abandono estatal y al acaparamiento por parte de terratenientes, clanes políticos y paramilitares mediante el despojo de tierras para prácticas como la ganadería extensiva, que ocupa más del 50% del territorio, la minería, la expansión de la frontera agrícola, prácticas señaladas de generar graves impactos ambientales por degradar los suelos y sobre todo alterar ecosistemas. A esto se suma la construcción de las grandes represas.
La pregunta inevitable es, ¿Qué parte de la crisis corresponde al olvido histórico del estado colombiano y qué responsabilidades recaen sobre el actual gobierno?. La respuesta exige un análisis serio, lejos del oportunismo político de los políticos tradicionales que están en oposición o de la propaganda del mismo gobierno.
Córdoba un territorio relegado históricamente.
Durante décadas el territorio cordobés ha sido intervenido, de acuerdo a las evidencias, sin una planificación integral, gobernado desde las economías extractivistas, el clientelismo político y los intereses de unos cuantos grupos de poder. Si se puede dar una prioridad a los mayores problemas, estas son las grandes obras hidráulicas representadas en diques, represas y canales de riego, las cuales, de acuerdo a los análisis que ahora se hacen, nunca respondieron a estudios de modelos en manejo de las cuencas, solo obedecieron a intereses económicos puntuales, ignorantes de una realidad social y ambiental del territorio.
Un ejemplo palpable es la hidroeléctrica de Urrá. En su momento la obra fue presentada como polo de desarrollo energético por los gobernantes de turno, políticos con intereses económicos y empresas privadas, engaño. Esta obra alteró de manera sustancial el régimen natural del río Sinú, afectando con esta intervención a comunidades indígenas y campesinas; lo anterior produjo una transformación de los ecosistemas en estos territorios, por ejemplo afectación severa de la Ciénaga Grande de Lorica, igualmente, alteraciones drásticas del régimen hidrológico del río, deterioro de la calidad del agua y disminución de especies nativas (como el bocachico). De otra parte este “desarrollo” nunca fue acompañado de un sistema efectivo de prevención de riesgos y alertas aguas abajo. A esto se suman, diques inconclusos, con deficiente mantenimiento o construidos sin criterios técnicos frente al cambio climático.
La expansión desordenada durante las últimas tres décadas de la ganadería extensiva, los monocultivos (palma africana y algodón entre otros) en zonas inundables, promovidos por políticas agrícolas de gobiernos pasados, contribuyeron a la reducción de los humedales, ciénagas y áreas naturales de amortiguación, aumentando la vulnerabilidad del territorio a fenómenos ambientales.
El resultado lo tenemos a la vista, un departamento estructuralmente expuesto en cada temporada invernal.
Cambio de enfoque en la responsabilidad ambiental y social del gobierno Petro.
Este gobierno heredó una realidad histórica, no la crea, ni la amplifica, pero si tiene una responsabilidad como gobierno en superar este grave problema. En el plano ambiental, el de El Cambio ha implementado políticas diferenciales, defensa de los ecosistemas, reducción de la deforestación, desescalamiento de las economías extractivistas y sobre todo, el reconocimiento del cambio climático como eje central para el desarrollo, marcan una ruptura dramática con los gobiernos anteriores.
En el caso del departamento de Córdoba, el ejecutivo ha ordenado investigaciones sobre la operación de las represas, como Urrá, y ha puesto bajo la lupa posibles fallas en el manejo de los embalses, si bien es cierto, que no se trata simplemente de un periodo de lluvias extremas producto de un fenómeno global, también hacen parte las decisiones erráticas de los gobernantes, locales y nacionales, políticos regionales, incluso el manejo y robo de los recursos públicos.
Así haya personas que estén en contra, este nuevo enfoque, ausente durante años, es un gran avance político y ético.
Sin embargo la tragedia que se vive actualmente en estos territorios, deja en evidencia un vacío crítico, la ausencia y falta de ejecución de un plan integral de manejo hídrico, y de prevención de riesgos para el Caribe colombiano. Como casi siempre sucede en Colombia después de cada calamidad llegan las investigaciones y sanciones, cuando el daño ya está hecho.
Avances de impacto social que ha tenido este gobierno, frente a la magnitud del daño.
En el aspecto social, el gobierno Petro ha venido impulsado diferentes procesos que enmarcan la reforma agraria integral, incluyendo, la entrega de tierras a los campesinos, comunidades indígenas y víctimas del conflicto armado en ese departamento, es un hecho histórico por que Córdoba estuvo marcado siempre por el despojo, el desplazamiento y por ende, la concentración de tierra en pocas manos. Estos hechos cancelan en parte, una deuda histórica por parte del Estado.
Las inundaciones actuales han golpeado con mayor fuerza a las poblaciones rurales más vulnerables, esto deja en evidencia que las políticas sociales del estado no pueden desligarse de las políticas ambientales y de infraestructura. Entregar tierra sin garantizar seguridad hídrica, vías rurales y sistemas de drenaje adecuados expone inexorablemente al campesino al abandono.
Desde un punto de vista económico, la respuesta del gobierno ha sido reactiva, declaratoria de emergencia, movilización de recursos, atención humanitaria entre otras acciones. Movilización de tropas, entidades de atención de riesgos, la totalidad de los ministerios han estado en el sitio como parte integral de las ayudas y estudio de las alternativas macro para superar esta calamidad. Todo lo anterior es necesario y haría falta un poco más, pero seamos racionales, Córdoba necesita no solo ayudas post desastre, necesita de una inversión y una planificación estructural macro para salir del atolladero histórico y sobre todo que no se roben los recursos.
En el aspecto económico a falta de recursos para grandes obras de mitigación, sumada a las dificultades fiscales y a los bloqueos políticos en el Congreso, limita la capacidad del gobierno nacional para ejecutar transformaciones profundas en estos momentos. Pero esta limitación no exonera la responsabilidad de priorizar territorios históricamente sacrificados como Córdoba.
¿Quién es responsable de esta crisis? La presente catástrofe ambiental y social no puede ser atribuida al gobierno Petro, como pretenden sectores que durante décadas gobernaron el país sin resolver, y la mayoría de las veces agravando estos problemas. El abandono es histórico, estructural y transversal a múltiples administraciones nacionales y regionales.
Para el gobierno de El Cambio sí es una responsabilidad política clara, demostrar que su discurso ambiental y social se traduce en obras concretas, planificación territorial y prevención real. La tragedia climática no admite excusas ni dilaciones o de riesgo para que se vuelva a presentar.
Córdoba es hoy el espejo de un país que paga las consecuencias de décadas de desprecio por el territorio y sus comunidades. El gobierno de Gustavo Petro ha cambiado el relato y ha abierto debates necesarios sobre el modelo de desarrollo, la realidad exige pasar con mayor rapidez de la denuncia a la transformación material.
El Cambio deberá intervenir de manera planificada los territorios históricamente olvidados. Y Córdoba no puede seguir esperando.