14.02.26. ______
www.latardedelotun.com / RED Noticias de Colombia. _______
En la actualidad el país se encuentra en un clímax de confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial. La Nación es testigo de las profundas discrepancias entre los poderes y los choques de trenes que frecuentemente se presentan, sobre todo, por las decisiones poco convenientes en contra del pueblo por parte de las Cortas, y a contravía de las propuestas y reformas del gobierno.
Por años nos han repetido que en una democracia moderna no existe poder supremo, el ejecutivo gobierna, el legislativo legisla y la justicia controla. Esta estructura, es para que se conserve el equilibrio, que haya pesos y contrapesos efectivos y que ninguno esté por encima del otro. Pero la realidad colombiana es totalmente diferente.
Hoy, en medio de las reformas estructurales que pretende el gobierno de El Cambio versus sus contradictores, y en un ámbito de debates y tensiones institucionales, la pregunta que surge lejos de la retórica, parece ser, ¿es la justicia el verdadero máximo poder en el país?
En nuestro país la realidad es que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado no solo interpretan la ley, en la práctica, redefinen el rumbo político y económico de la Nación. Frenan reformas, tumban decretos, reinterpretan actos legislativos y en muchos casos alteran la voluntad expresada por el pueblo en las urnas y lo hacen en nombre de la Constitución Política. Esto podría ser algo inherente a su potestad, el problema surge cuando la función de control se convierte en bloqueo sistemático, también cuando la independencia degenera en acuerdos y conveniencias con grupos de poder, en este momento, la toga, la ley “interpretada” pesa más que el voto ciudadano.
No se puede desconocer la importancia del control judicial y más en una república marcada históricamente por los abusos de poder. La Justicia ha sido muro de contención cuando se han presentado excesos autoritarios, magistrados íntegros han liderado cruzadas para preservar el Estado de derecho y la Constitución. Pero en la actualidad, tampoco se puede admitir que se convierta en un suprapoder, inmune al escrutinio y a los marcos democráticos. El Ejecutivo responde ante el electorado, el Congreso ante las urnas ¿ante quién responden las altas cortes?
Los magistrados son elegidos mediante complejos mecanismos y ternas cruzadas, propuestas por las mismas Cortes, el Ejecutivo y el Congreso; un círculo cerrado que se ha prestado a la cooptación de la justicia, a la práctica clientelista y conveniente de las puertas giratorias, “tú me eliges, yo te elijo, a tus familiares o recomendados.” Esta práctica reproduce visiones y posiciones ideológicas sesgadas, además de compromisos políticos entre las partes. El ciudadano del común no participa y las clases menos favorecidas menos.
Debemos hacer una pregunta que incomoda, ¿están algunas decisiones judiciales más alineadas con los intereses de los sectores tradicionales de poder que con las necesidades urgentes de la base social de la Nación? Esta es la percepción creciente en los sectores sociales, se observa, como reformas, laboral, pensional de salud, aumento del salario entre muchas, encuentran muros jurídicos antes que debates de fondo.
La justicia bajo ninguna circunstancia puede convertirse en una trinchera ideológica, tampoco en un instrumento de conveniencia para frenar proyectos que incomodan o son contrarios a los intereses de la élite económica y política, pero es lo que sucede actualmente, rompiendo el equilibrio de poderes e ignorando el voto popular. El Constituyente primario, su mandato, pierde la fuerza frente a las interpretaciones jurídicas.
¿Entonces qué hacer? Algunos plantean, magistrados de por vida como el modelo de la Corte Suprema en EE UU, este esquema, lejos de fortalecer la democracia puede darse para manejar y congelar el pensamiento jurídico por décadas desde visiones conservadoras o progresistas, sin posibilidad de renovación. Colombia no necesita jueces eternos, necesita jueces responsables.
Otros proponen que haya elección popular directa, judicializar la política ya es complejo, politizar aún más la justicia podría convertir a los magistrados en candidatos en campaña permanente.
La discusión debe girar en torno a tres pilares: 1. Transparencia en las nominaciones. 2. Límites de reelección o permanencia. 3. Mecanismos efectivos de rendición de cuentas sin vulnerar la independencia judicial, que no impliquen interferencia política ni presión en sus decisiones judiciales.
Es importante que la elección no sea resultado de pactos burocráticos, que la trayectoria profesional, académica y ética sea más importante que los compromisos y que el país conozca, debata y escrute a quienes deciden el destino institucional.
La justicia no puede ser un poder omnipotente cuyas decisiones estén por encima, sobre todo de los intereses nacionales. Tampoco, puede ser un poder sometido a intereses privados como ha sucedido desde hace décadas en Colombia, por ejemplo, desde hace unos años bajo la tutela del Uribismo y del Vargas Llerismo, quienes controlan las Cortes en la actualidad. La Justicia debe actuar como árbitro, no como jugador; un intérprete y no un protagonista político como sucede hoy.
Nuestro país está atravesando por una etapa crucial, de redefiniciones profundas. Las tensiones entre el Ejecutivo y las Cortes se han venido acrecentando hacía el final del mandato de Gustavo Petro, por el afán del establecimiento, de cortar de raíz con las posibilidades de continuar el progresismo en el poder.
La dimensión adquirida por esta confrontación, es porque está en juego la transformación social que históricamente ha reclamado la base social de Colombia como Nación, para que haya equidad y justicia social. Si las altas cortes bloquean sin escuchar este clamor, están arriesgando a erosionar su legitimidad. Y sin legitimidad, ninguna institución sobrevive.
El verdadero equilibrio no se construye a partir de supremacías encubiertas, sino con responsabilidad histórica y ecuanimidad. La democracia no puede ser rehén del poder económico, del político o del judicial, cuando esto sucede y alguno actúa como el máximo poder, la República deja de ser república.