En 2012, Abelardo de la Espriella presentó ante la Corte Suprema de Colombia un documento con firmas falsificadas de altas autoridades de Ecuador, incluido el Presidente, para simular el retiro de un pedido de extradición y lograr la libertad del narcotraficante Andrés Prada Caicedo. Aunque la Corte ordenó a la Fiscalía investigar a de la Espriella, el caso permanece en la impunidad. _______
Por: Gonzalo Guillén y Marisol Orozco. – La Nueva Prensa / www.latardedelotun.com – RED Noticias de Colombia. _______
La historia de Hernán Prada Cortés, un narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos en 2010, no terminó con su envío a una prisión federal. Por el contrario, dejó tras de sí un rastro de bienes ilícitos, empresas fachada y una sofisticada conspiración jurídica que involucra la falsificación de firmas presidenciales y una grave denuncia de parálisis judicial en Colombia. Mientras que en Ecuador el caso derivó en condenas y decomisos, en Colombia la investigación contra el abogado Abelardo de la Espriella —ordenada por la propia Corte Suprema de Justicia— permanece estancada bajo la sombra de la impunidad y la corrupción. Este caso es conocido como “Torres Gemelas”.
La base de este escándalo se encuentra en la operación de lavado de activos más importante del clan Prada en territorio ecuatoriano. Según la Resolución No. 599-2013 de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Prada Cortés logró naturalizarse en ese país y consolidar una fortuna inmobiliaria a nombre de su círculo íntimo.
La investigación judicial, liderada por la fiscal ecuatoriana Lucy Blacio Pereira confirmó que Adriana María Forero Ochoa (exesposa) y Martha Cecilia Caicedo (madre de su hijo) actuaron como testaferros. El operativo permitió identificar 26 inmuebles de lujo, en los sectores más exclusivos de Quito, incluyendo 19 suites y un penthouse en el World Trade Center de esa ciudad.
También descubrió Empresas de papel, como la firma Club Side Financial Inc., una entidad radicada en Panamá sin sustento legal, para inyectar capitales al sistema financiero ecuatoriano a través del Banco Central.
La fiscal Blacio Pereira, asimismo, hizo avalúos multimillonarios en un peritaje técnico que determinó que los bienes, que incluían también obras de arte, joyas y vehículos, superaban los 8.5 millones de dólares, suma que ninguna de las procesadas pudo justificar ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).
El conflicto escaló a nivel diplomático y penal cuando la justicia de Ecuador solicitó la extradición de Andrés Prada Caicedo, hijo del capo, quien se encontraba en Colombia. Ante la inminencia de su entrega, su abogado defensor, Abelardo de la Espriella, articuló una maniobra para engañar a la justicia colombiana.
Con ayuda de otro abogado en Ecuador, Fabián Terán, se confeccionó un documento falso de una sofisticación burda y alarmante. En este oficio, se suplantaron las firmas de las máximas autoridades del Estado ecuatoriano: Rafael Correa, entonces Presidente de la República; el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler y la ministra de justicia.
La divergencia en la respuesta judicial de ambos países es profunda. En Ecuador, el sistema no permitió que el ataque a su fe pública quedara impune. El abogado Fabián Terán fue procesado, juzgado y condenado a cárcel por falsedad y fraude procesal. Tras cumplir su pena, Terán ha recuperado la libertad y se perfila como un testigo de primer orden para reconstruir los nexos entre los abogados de ambos países y dar su testimonio contra de la Espriella.
En el lado colombiano, el panorama es de inacción. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, al percatarse del engaño, remitió copias a la Fiscalía General de la Nación con la orden perentoria de investigar penalmente a De la Espriella. Sin embargo, a pesar del mandato de la máxima instancia judicial, el caso no presenta avances. Denuncias internas apuntan a que la red de influencias y la corrupción en el aparato judicial han servido de escudo para evitar que el abogado responda por la presentación del documento apócrifo.
Estos periodistas preguntaron a la Fiscalía colombiana por ese caso y recibieron por respuesta que está quieto y no se ha adelantado ni la más mínima pesquisa.
Una fuente de la Corte Suprema de Justicia colombiana que ha seguido de cerca este caso, explicó a La Nueva Prensa que el delito no ha prescrito en Colombia:
“La acción penal en este caso, que no ha querido ejercer la Fiscalía General de la Nación, no ha prescrito a pesar de haber pasado más de 12 años, que es la pena máxima del delito de fraude procesal, porque el delito tuvo inicio en el exterior y en tal caso el término se aumenta en la mitad, es decir, 6 años más”.
La fuente también agregó:
“A ningún abogado experto en extradición se le podría engañar con documentos de desistimiento de la extradición activa por decisión del Ejecutivo, cuando es la rama judicial la que la ordena y expide la orden de captura. Ni Trump se atrevería a revocar el indictment y la orden de captura con fines de extradición emanada de una Corte de Distrito”.
El caso cuenta hoy con elementos que podrían reactivar el proceso si existe voluntad política y judicial. Por un lado, el testimonio de Fabián Terán desde Ecuador ofrece la pieza que falta para conectar la creación del documento con su uso en Colombia. Por otro lado, abogados colombianos que conocieron a fondo el trámite de extradición en Bogotá, han manifestado a La Nueva Prensa su disposición para testificar y confirmar cómo se orquestó la entrada de la falsa cancelación del pedido de extradición a la Corte Suprema.
La justicia ecuatoriana podría, en última instancia, ejercer una presión internacional para que Colombia cumpla con su deber procesal, considerando que las firmas falsificadas corresponden a jefes de Estado y altos magistrados de su nación.
El denominado caso “Torres Gemelas” volvió al centro del debate público luego de que se planteara que las operaciones asociadas a Abelardo de la Espriella, podrían configurar un fraude de alcance transnacional, con efectos tanto en Colombia como en Ecuador. Los hechos no solo habrían vulnerado decisiones judiciales en ambos países, sino que además se habrían iniciado fuera del territorio nacional, elemento clave para la aplicación de agravantes penales previstos en la ley colombiana.
En ese contexto, se ha señalado que el artículo 83 del Código Penal contempla el aumento de la pena cuando la conducta punible se inicia en el exterior, lo que abriría la puerta a una eventual imputación agravada. Este planteamiento pone bajo escrutinio la actuación de la Fiscalía General de la Nación, que ahora enfrenta presiones públicas para definir si existen méritos suficientes para formular cargos y avanzar en una investigación formal que aclare responsabilidades y determine si, efectivamente, se trató de un esquema fraudulento que cruzó fronteras y burló a la justicia.
En escrito a estos periodistas, la Corte Suprema de Justicia dejó constancia de que nunca existió un desistimiento formal del Estado ecuatoriano en el proceso de extradición contra Andrés Prada Caicedo, pese a que la defensa alegó lo contrario y solicitó su libertad con base en falsos documentos oficiales.
Según el expediente, una vez el caso llegó a la Corte, la defensa, representada por Abelardo Gabriel de la Espirella Otero, presentó una petición de libertad asegurando plenamente que Ecuador había retirado la solicitud de extradición, adjuntando documentos que decía provenían de autoridades ecuatorianas. Ante esa afirmación, la Corte ordenó trasladar la información a la Fiscalía General de la Nación y suspendió cualquier pronunciamiento definitivo hasta obtener confirmación oficial y por vía diplomática del Estado requirente.
Tras la verificación correspondiente, las autoridades colombianas establecieron que el desistimiento invocado no existía y que los documentos aportados por Abelardo de la Espriella eran falsos. A pesar de esa conclusión, la Fiscalía determinó en noviembre de 2012 revocar la orden de captura con fines de extradición y dispuso la libertad de Prada Caicedo. Esto, porque de la Espriella también presentó el pedido de libertad con los mismos documentos falsos ante la Fiscalía colombiana, que hoy se niega, sin explicaciones, a investigarlo.
Una vez se probó el fraude procesal en Colombia con los documentos falsos, el cliente de de La Espriella fue recapturado y extraditado al Ecuador, con el visto bueno de la Corte colombiana, que había sido engañada.