Titulares: 1. Devolución de dinero a usuarios de gas natural por cobros extras. 2. Sin justicia agraria no hay paz ni dignidad campesina. 3. Gobierno actualiza unidades agrícolas familiares en 24 municipios. 4. Gobierno nacional y sector financiero buscan medidas para la emergencia en el Caribe. 5. Corredor La Dorada – Chiriguaná realizó primera operación bidireccional. _____
Redacción: www.latardedelotun.com – RED Noticias de Colombia / Fuentes: CREG – Min Justicia y Min Agricultura – ANT – Min Hacienda – ANI. _____
- Gobierno ordena devolver $150 mil millones a usuarios de gas natural por cobros adicionales en transporte.
La decisión del Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se determinó en el incremento del costo del transporte del energético, lo que aumentó el valor de las tarifas para el usuario final.
La Creg recordó que en 2023, mediante la Resolución CREG 102 002, el valor del transporte pasó de 10,9% a 11,8%, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI, filial del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, vinculada al Grupo Aval, incrementar los costos en la componente de transporte. Dichos aumentos fueron trasladados a los usuarios finales del sistema.
Posteriormente, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición solicitando que se mantuviera ese costo mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, para evitar mayores impactos en la factura de los hogares y comercios.
La Creg, tras analizar los recursos acogió la solicitud del Gobierno y ordenó la reducción del valor y la devolución de los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha.
La Creg definirá los mecanismos y cronogramas específicos para que las empresas realicen la devolución efectiva de los recursos en las facturas de los usuarios.
Con esta decisión, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la vigilancia del sistema tarifario y con la protección de millones de colombianos frente a incrementos que impactan directamente el costo de vida.
- ‘Sin justicia agraria no hay paz ni dignidad campesina’: Ministra de Agricultura ante la Corte Constitucional.
Durante la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar el alcance del artículo 238A de la Constitución Política y los mecanismos para la entrada en operación de la Jurisdicción Agraria y Rural, el Gobierno del presidente Gustavo Petro solicitó al alto tribunal exhortar de manera firme al Congreso de la República para que culmine el trámite legislativo que permita poner en marcha esa jurisdicción especializada.
“Ante la Corte Constitucional ratificamos la posición del Gobierno nacional, exhortando al Congreso de la República a que avance en los 60 días hábiles que quedan de este periodo legislativo en la aprobación de la jurisdicción agraria», dijo la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
Asimismo, la ministra agregó que a pesar de los consensos y la radicación en el 2023 ni la plenaria de la Cámara de Representantes ni del Senado han asumido los debates de la jurisdicción agraria.
“Estamos exhortando, también, a que prontamente la ley estatutaria que fue estudiada por la Corte Constitucional en agosto del 2025 sea remitida al presidente de la República para su respectiva sanción. Aquí está el Gobierno insistiendo en la necesidad de la justicia agraria», manifestó la titular de la cartera del agro.
En la misma línea, indicó que “la suspensión de facto de los procesos agrarios no contribuye a la paz. Para construir la gobernanza territorial tenemos que tomar decisiones y tiene la Nación que administrar sus bienes. Esto es una revolución por la vida».
Reiteró que solo quedan 63 días hábiles del período legislativo para que la Jurisdicción Agraria no sea archivada nuevamente.
Sobre el particular, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, recordó que el Acto Legislativo 03 de 2023 creó directamente la Jurisdicción Agraria y Rural y definió la existencia de un nuevo juez natural especializado en asuntos agrarios, lo que convierte esta figura en un mandato constitucional plenamente vigente y no en una simple intención futura.
“La Corte Constitucional ya reconoció en la sentencia C‑340 de 2025 que esta jurisdicción tiene función estructural en la Rama Judicial. Su operación no puede quedar frenada indefinidamente a la espera de una ley ordinaria. El país necesita ya un juez natural agrario», dijo Cuervo.
Activar jueces agrarios
El ministro explicó ante la Corte que, aunque el Gobierno sigue impulsando el trámite de la Ley Ordinaria de Procedimiento Agrario, cuyo 95% del articulado ya cuenta con acuerdos entre las bancadas, existen riesgos de que el debate legislativo se extienda.
Por ello, Cuervo solicitó a la Corte Constitucional adoptar un fallo con efectos transitorios que permita:
- La activación inmediata de los juzgados y tribunales agrarios ya creados por el Consejo Superior de la Judicatura.
- El uso supletorio del Código General del Proceso mientras se aprueba la ley ordinaria.
- La implementación gradual y progresiva ordenada en el artículo 3 del Acto Legislativo 03 de 2023, incluyendo despachos piloto, centros de apoyo técnico y equipos interdisciplinarios.
- Para fortalecer la reforma agraria, Gobierno actualiza unidades agrícolas familiares en 24 municipios.
Con esta decisión adoptada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ya son 230 los municipios actualizados con unidades agrícolas familiares durante lo corrido del Gobierno del presidente Gustavo Petro, una cifra sin precedentes si se tiene en cuenta que este proceso no se realizaba de manera integral desde 1996.
“El esfuerzo realizado en los últimos dos años ha sido significativo: pasamos de 24 municipios actualizados en 2023 a más de 200 en la actualidad. Esto quiere decir que en los últimos tres años hemos dispuesto un trabajo de profesionales muy comprometidos en el territorio para poder llevar la actualización de las unidades agrícolas familiares a los territorios», destacó la subdirectora de Administración de Tierras de la Nación de la ANT, Lina Salcedo.
Los municipios beneficiados son Albania, Morelia, Puerto Rico y Valparaíso, en el departamento de Caquetá; Maní, Orocué, Sácama, Támara y Yopal, en Casanare; Cumaral, El Castillo, El Dorado, Granada, Guamal, Lejanías, Mesetas, Restrepo, San Juan de Arama y Uribe, en Meta; Mocoa y Orito, en Putumayo; El Roble, en Sucre, y Roncesvalles y Rovira, en el Tolima.
La subdirectora resaltó que la actualización de las unidades agrícolas familiares consolida un instrumento técnico clave para los procesos de ordenamiento social y productivo de la propiedad rural y la adjudicación de tierras.
“La actualización no solo permite tener parámetros para la adjudicación eficiente de la tierra, sino también que los municipios y departamentos puedan tener una mejor planeación en su ruralidad aprovechando las líneas productivas y los máximos y mínimos para generar unidades de planificación territorial», dijo la subdirectora.
La Agencia Nacional de Tierras explicó que las unidades agrícolas familiares se entienden como empresas básicas de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con la tecnología adecuada, permiten a las familias rurales remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que contribuya a la formación de su patrimonio.
Con estas gestiones orientadas al desarrollo agropecuario y territorial, la Agencia Nacional de Tierras continúa cumpliéndoles a las comunidades rurales del país, aportando al crecimiento económico de las regiones, que antes estaban completamente olvidadas por los gobiernos de turno y sumidas por distintas formas de violencia y las dinámicas del conflicto armado interno.
- Gobierno nacional y sector financiero avanzan en análisis de fórmulas que permitan canalizar recursos para enfrentar emergencia en el Caribe.
En la sede del Ministerio de Hacienda se realizó este miércoles la segunda mesa de trabajo entre altos funcionarios del Gobierno nacional y ejecutivos del sistema financiero con el fin de buscar soluciones que permitan orientar recursos para responder a la emergencia climática que se vive en el Caribe.
En el encuentro, liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se escucharon propuestas y se avanzó en la dirección de buscar soluciones respecto al decreto de emergencia económica para la zona de desastre en ocho departamentos de la costa Caribe.
En representación del sector financiero participaron ejecutivos de Asobancaria, Bancolombia, BBVA, Banco Popular, Davivienda y Banco Caja Social.
Los voceros de la banca privada han manifestado su compromiso con el Gobierno para ayudar a superar la emergencia y anunciaron ayudas relacionadas con la suspensión de cobros jurídicos y en mora, un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y atención prioritaria a los afectados en los ocho departamentos mencionados.
También se discute sobre créditos flexibles y alivios para sectores que deben dinamizar su presencia económica.
Los cinco decretos de emergencia
El Gobierno del Cambio expidió cinco decretos legislativos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica que declaró el pasado 11 de febrero para los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Son medidas en impuestos, ambientales y agrarias con las que se atenderá la emergencia por los efectos del frente frío que causó daños a personas, infraestructura y afectaciones a cultivos en la región Caribe.
Las primeras proyecciones indican que los daños ocasionados por la temporada de lluvias requieren de inversiones por 8 billones de pesos.
En la zona afectada se han registrado 65 emergencias, 53 de estas por inundaciones en 61 municipios de los ocho departamentos. Además, 69.000 familias han resultado afectadas, 10 personas fallecieron y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud. Hay 20.000 hectáreas afectadas y 4.100 viviendas destruidas.
- Corredor La Dorada – Chiriguaná realizó primera operación bidireccional y movilizó 2.144 toneladas.
Más de 2.400 toneladas de carga de cuatro nuevas empresas que se integraron a la movilización de sus productos a través del corredor férreo La Dorada– Chiriguaná, fueron transportadas durante la primera operación bidireccional del principal corredor férreo del país.
Se trata de las empresas Ternium, Papeles Nacionales, Postobón y Bavaria que decidieron subir sus mercancías al tren para generar un proceso logístico más rápido, más eficiente, más limpio y a menor costo.
De esta manera, el corredor férreo más importante del país comenzó este año con la reactivación del transporte de carga, luego de su adjudicación por la Agencia Nacional de Infraestructura a mediados del año pasado.
El mes pasado, por este corredor se dio el primer traslado bidireccional de carga en el trayecto Ciénaga – La Dorada y La Dorada – Ciénaga: el tren movilizó 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel, mientras que en el recorrido de retorno transportó 1.224 toneladas de refrescos y bebidas, atendiendo flujos logísticos en ambos sentidos.
“#VuelveElTren a Colombia y con él llega el esquema de transporte intermodal con el que buscamos integrar el modo férreo con el carretero y el portuario, facilitando cadenas logísticas más eficientes y competitivas que permitan reducciones de hasta el 20% en los costos de transporte de carga y condiciones óptimas de operación para los generadores de carga”, aseguró Milena Jiménez, Vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI.
La funcionaria explicó que, durante el recorrido, el tren atraviesa más de 20 municipios del área de influencia y participan más de 40 personas por recorrido, quienes intervienen en actividades de cargue, coordinación operativa, tránsito y descargue, fortaleciendo el empleo y las capacidades técnicas en el territorio.
El corredor La Dorada – Chiriguaná tiene una longitud de 767 kilómetros y atraviesa los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander, Cesar y Magdalena, y ha permitido aumentar en los últimos dos años la operación de carga en más de 104.6%.
En 2025, por el corredor La Dorada – Chiriguaná fueron transportadas más de 1,15 millones de toneladas de carga (la cifra más alta de su historia) y 61.000 pasajeros (10 mil de ellos en 2026), gracias a la confianza y garantías que la ANI ha entregado a los generadores de carga, además de las millonarias inversiones e intervenciones de mejoramiento, mantenimiento de la columna vertebral del transporte férreo en el país por donde.