Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com ______
El oportunismo de algunos sectores, entiéndase, propietarios de grandes extensiones de tierra y políticos de derecha en campaña, amplificado por el ruido mediático, han entrado a manipular a los miles de pequeños y medianos propietarios rurales creando un debate desinformado sobre el catastro multipropósito. De todas maneras, esto exige una dosis de rigor técnico que hoy parece escasear, además de la consabida responsabilidad institucional.
El gobierno de Gustavo Petro plantea una tesis que, lejos de disputas ideológicas, merece ser examinada con seriedad, la actualización catastral no es un capricho fiscal sino una deuda histórica del Estado colombiano.
Durante décadas, en Colombia se ha operado bajo una “fotografía” distorsionada del territorio. Predios subvalorados, informalidad en la tenencia y una cartografía desactualizada que han favorecido profundas inequidades.
En este contexto, la apuesta de Instituto Geográfico Agustín Codazzi para modernizar el catastro, no solo es técnica, sino necesaria. No se trata, como se ha querido manejar en ciertos discursos politiqueros y medios de comunicación, que es una reforma tributaria encubierta, se trata de corregir una falla estructural en la información verídica sobre la tierra en Colombia.
Ahora bien, es cierto que la actualización de los avalúos tiene efectos directos sobre el bolsillo de los ciudadanos, negarlo no tiene sentido, pero conviene hacer una distinción clave que en este debate público se ha pasado por alto: el catastro no fija impuestos; son los Concejos municipales, a través de los estatutos tributarios que determinan tarifas y alivios. En otras palabras, la carga económica no es una consecuencia inevitable del catastro, son decisiones políticas LOCALES que pueden, y deben, ser moduladas con criterios de progresividad.
En este punto hay que tener en cuenta que la advertencia del mandatario colombiano frente a los posibles abusos, cobra relevancia. El incremento del impuesto predial no puede convertirse en un mecanismo de expulsión soterrada de los campesinos, pequeños y medianos propietarios. Si las alcaldías y concejos municipales optan por trasladar de manera abrupta los nuevos avalúos a los contribuyentes, estarán desnaturalizando el espíritu de la herramienta y, peor aún, profundizando las desigualdades que se pretenden corregir mediante este mecanismo.
Hay que recordar que el catastro multipropósito fue un compromiso derivado del Acuerdo de Paz, con un propósito central, que es la formalización de la propiedad rural y la consolidación de un mercado de tierras transparente. Sin una información confiable, no hay seguridad jurídica y sin seguridad jurídica no hay inversión ni desarrollo sostenible. Es así de simple.
La oportunista oposición ha encontrado en este proceso una funesta coyuntura política para capitalizar un malestar social. Y aunque es legítimo cuestionar la implementación, resulta preocupante que se alimente la desinformación. Presentar el catastro como un instrumento de expropiación encubierta, como lo pretenden hacer ver algunos sectores de poder, no solo es inexacto, sino que es peligroso, se erosiona la confianza en una política pública que bien ejecutada puede cerrar brechas sociales históricas.
La responsabilidad del gobierno radica en que no se ha hecho una pedagogía amplia y suficiente, la coordinación con los entes territoriales ha sido irregular y poco eficiente. La transición hacia un catastro actualizado exige del acompañamiento técnico y político para evitar choques abruptos con las mismas comunidades. La progresividad de los ajustes no pueden ser solo un eslogan, debe ser una realidad tangible que se refleje en las facturas del predial.
Cabe indicar que, en el fondo, este debate revela una tensión estructural entre la necesidad de modernizar el Estado y el temor del ciudadano para asumir nuevos costos, el IGAC acierta en la urgencia de actualizarlo, pero los propietarios advierten sobre el impacto económico. La solución no está en frenar la modernización, sino en gestionar sus efectos con responsabilidad política.
La actualización catastral está respaldada en la Ley 1955 de 2019, como política de Estado, no de gobierno. Su éxito dependerá, no en los discursos y si, en la capacidad de alcaldes y concejales para diseñar esquemas tributarios justos, graduales y sensibles a la realidad rural. Es aquí donde radican las responsabilidades y las acciones desde los entes territoriales.
Este no puede ser un caballo de batalla de los oportunistas politiqueros en contra del gobierno nacional, en su desespero electoral.