El abogado Alejandro Carranza activa investigaciones en Corte Suprema, Fiscalía y Congreso contra el oscuro Néstor Humberto Martínez, acusado de tejer un entramado de decisiones, silencios y contradicciones que ha blindado el saqueo de la Ruta del Sol II y garantizado la impunidad. _____
Por: Gonzalo Guillén – La Nueva Prensa / www.latardedelotun.com – RED Noticias de Colombia. _____
Un documento de alto voltaje jurídico y político acaba de llegar simultáneamente a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión de Acusaciones y la Comisión de Disciplina Judicial, con una acusación de fondo: la impunidad en el caso Ruta del Sol II no fue un accidente, sino el resultado de un entramado de poder que nunca se investigó de manera integral.
El derecho de petición, radicado por el abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda, apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) —reconocida como víctima institucional— sostiene que Néstor Humberto Martínez Neira habría transitado durante años por distintos cargos clave —abogado privado, ministro y fiscal general— tomando decisiones que, vistas de forma aislada, pasaron inadvertidas, pero que “al unirse revelan un patrón que favoreció a Odebrecht y a Grupo Aval”.
Según el documento, todo comenzó el 31 de diciembre de 2012, cuando se firmó el contrato de estabilidad jurídica de Ruta del Sol II, un instrumento que congeló por 13 años las reglas tributarias de un proyecto multimillonario.
La Ruta del Sol II fue un proyecto vial para conectar el centro del país con la Costa Caribe, que terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción y saqueo de fondos públicos en Colombia, tras comprobarse sobornos de Odebrecht y el grupo AVAL, adiciones irregulares y la paralización de las obras.
En ese momento, Martínez Neira no era funcionario público, sino abogado externo de Grupo AVAL, conglomerado socio de Odebrecht en la concesión. Desde ese rol habría participado en la estructuración y defensa de un contrato corrupto que blindó fiscalmente un proyecto que luego se probó contaminado por sobornos multimillo
La pregunta central que plantea el escrito de Carranza es demoledora: “¿Por qué nunca se denunció el vicio de origen?”
El concepto que decía “no”… y el CONPES que dijo “sí”
Ese mismo año, Martínez Neira emitió un concepto negativo sobre el tramo Ocaña–Gamarra, advirtiendo riesgos técnicos y jurídicos. Pero dos años después, ya como Ministro de la Presidencia, firmó el CONPES 3817 de 2014, que declaró estratégica esa misma adición y habilitó $311 mil millones en recursos públicos.
Para el peticionario, esta contradicción es una de las claves del caso: “el abogado que advirtió riesgos terminó siendo el ministro que autorizó el negocio”.
La transacción del silencio
El documento sostiene que en 2016, cuando ya existían denuncias internas del controller Jorge Enrique Pizano sobre pagos irregulares, giros al exterior y sobrecostos, Martínez Neira promovió una transacción confidencial entre Odebrecht y Grupo Aval para “cerrar” el problema sin denunciarlo ante las autoridades.
Esa transacción, según la petición, “habría comprado silencio cuando ya se conocía la corrupción”.
Luego vino el capítulo más delicado: ¡Martínez Neira como Fiscal General de la Nación!
Pese a haber sido abogado del principal socio colombiano de Odebrecht y a haber intervenido en decisiones clave del proyecto, no se declaró impedido para conocer el caso más grande de corrupción del país. La investigación, sostiene el documento, se concentró en una parte de los sobornos, mientras Corficolombiana terminó aceptando responsabilidad ante autoridades de Estados Unidos.
En Colombia, en cambio, no hubo consecuencias penales proporcionales.
El núcleo de la denuncia no es solo personal, sino institucional. El derecho de petición acusa que cada entidad miró una pieza distinta del rompecabezas, sin cruzar información: La Fiscalía investigó al particular. La Corte, al ministro. La Comisión de Acusaciones, al fiscal. La Comisión de Disciplina, al abogado. Nadie vio todo.
El resultado, según el documento, fue una impunidad funcional, alimentada por el fuero, la fragmentación y el silencio.
El texto de Carranza adquiere una detonación política mayor porque mientras este entramado no ha sido investigado de forma unificada, Néstor Humberto Martínez denuncia penalmente al presidente Gustavo Petro por llamarlo “oscuro personaje” en el marco del gigantesco escándalo de Odebrecht-AVAL.
El peticionario sostiene que esta denuncia busca “invertir los papeles: el acusador pasa a ser la víctima”, mientras las decisiones que hoy se piden investigar siguen sin respuesta judicial.
El derecho de petición lanza una pregunta que retumba en todas las instituciones: ¿Cómo es posible que un mismo actor haya intervenido en todas las etapas del negocio, desde su blindaje jurídico hasta su investigación penal, sin que el Estado haya unido nunca las piezas e impartido los castigos necesarios?
Las entidades tienen 15 días hábiles para responder. Si no lo hacen, advierte el documento, “la impunidad dejará de ser sospecha y se convertirá en prueba política”.