Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com ______
La Nación asiste, no sin cierto desconcierto y una profunda alarma, a un nuevo capítulo de la manipulación de la infamia, la repetición de la difamación como arma política, la cual el uribismo ha convertido en su principal activo lectoral. _____
Álvaro Uribe Vélez, cuya sombra perniciosa parece ampliarse sobre el país, más por el rencor y su tenebroso curriculum, que, por tener alguna estatura de estadista, ha dado la orden. Y sus alfiles desde los estrados de redes sociales y los micrófonos de la prensa militante de derecha, han cruzado una línea que en cualquier democracia sería el fin de su carrera pública; la acusación directa y sin prueba alguna, que el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda son aliados de las disidencias y responsables de un crimen de sangre.
Esta situación no es nueva, y ahí reside la tragedia. Si miramos lo que ha sido nuestra historia reciente, el método es calcado al de las épocas más oscuras del “Estado de Opinión”, concepto acuñado por Uribe Vélez, quien lo definió como la «fase superior del Estado de Derecho». La estrategia de la estigmatización, esa que señala con el dedo para que otros disparen con el fusil, tiene un prontuario aterrador en Colombia. Es la misma narrativa que precedió al exterminio de la Unión Patriótica, entre 1984 y 2016. De estas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 de desaparición forzada. Y es la misma que, durante los ocho años de seguridad democrática, convirtió a toda la oposición en “auxiliares del terrorismo”.
Lo que replican sus discípulos como De la Espriella, Briceño, Paloma, Mafe y otros tantos, bajo el beneplácito de los altavoces, los medios hegemónicos, esos que han renunciado al periodismo ético, para abrazar el activismo de trinchera, esto es una estrategia de construcción deliberada de un enemigo interno. No buscan la verdad, buscan el linchamiento simbólico, mediático que precede al judicial o físico como ha sucedido anteriormente.
Acusar a un jefe de Estado y a un senador de la República de complicidad en un asesinato y connivencia con grupos armados sin prueba alguna, no es oposición, es una conducta delictiva tipificada como injuria y calumnia, pero, sobre todo, un atentado flagrante contra la integridad democrática de la Nación.
Históricamente el uribismo ha operado bajo la táctica del montaje. Hay que recordar las falsas desmovilizaciones de la facción Cacica Gaitana que estuvo a cargo del entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia; hasta los expedientes fabricados en los pasillos y oficinas del extinto DAS, la mentira ha sido su herramienta de persecución predilecta. Hoy esta horda de infames intenta instrumentalizar la vida y la muerte para recuperar a cualquier costo un poder que se les escurre entre las manos con el peso de sus propios escándalos.
Estos aprendices de Goebbels criollos, han olvidado algo, en derecho y en ética pública, quien acusa tiene la obligación sagrada de probar que es cierto. La democracia no se defiende con calumnias ni bulos de cafetín, ni de salones de clubes, tampoco con hilos de redes sociales cargados de odio. Se defiende con la verdad, esa que por supuesto, tanto los asusta y que hoy, más que nunca, debe ser la base de las denuncias penales a que dan lugar esas conductas delictuosas exigen.
Colombia ya no es el país amordazado de principios de siglo. No podemos normalizar que la difamación sea el lenguaje de la política. Si permitimos que la mentira se convierta en ley, entonces estaremos condenados a repetir el ciclo de sangre que tanto nos ha costado intentar cerrar. A la infamia se le responde con la ley, y a la narrativa del odio, con la memoria histórica que nos recuerda a dónde nos conducen estos incendios verbales.