Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com ______
Colombia padece una amnesia crónica, una ceguera voluntaria que invisibiliza los ríos de sangre de ayer para aplaudir las armas y las amenazas de hoy. Mirar en el retrovisor de la historia nacional estremece, y asombra ver cómo los fantasmas de mediados del siglo pasado hacen acto de presencia hoy, no con ruanas, alpargatas o uniformes de la policía chulavita, sino con ropas comunes, el brazo armado, trajes a la medida y discursos mesiánicos acentuados por un evidente tufillo de altanería caribeña y amenaza fascista.
La Nación en su reincidente caída al abismo de la violencia, parece haber elegido el peor camino: las pesadillas de los años 40 y 50, ahora bajo el ropaje de la “nueva derecha” que promete orden y “libertad” a punta de balazos. Para entender la peligrosa retórica del actual gobierno de Abelardo de la Espriella, empeñado en armar a la población civil, y el resurgimiento ineludible de “los bloques de defensa ciudadana” desde la mampara que significa la plataforma, Defensores de la Patria, hay que hacer memoria sobre los archivos del horror.
A finales de la década del 40, luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el régimen conservador en cabeza de Mariano Ospina Pérez y, posteriormente Laureano Gómez instrumentalizaron el terror. Bajo el sofisma de “defensa del orden y las instituciones”, legalizaron la persecución con la creación de los chulavitas, facciones de la policía política, convertidas en escuadrones de la muerte y “los pájaros”, temibles grupos de civiles armados que, amparados por la impunidad estatal, salieron a “limpiar” pueblos y campos de liberales y disidentes.
En el Valle del Cauca se conservan las cicatrices más profundas de aquella barbarie delegada por el Estado. Lo ocurrido en Ceilán, Betania y San Rafael, corregimientos de Bugalagrande, Bolívar y Tuluá, no constituyó un hecho aislado de la delincuencia común. Está documentado que fue una estrategia de tierra arrasada ejecutada por los pájaros y la policía, quienes masacraron a decenas de campesinos liberales desarmados, incendiaron sus fincas y las expropiaron por el solo hecho de no comulgar con las políticas del partido de gobierno. Los hombres al mando de León María Lozano, “El Cóndor”, convirtieron la delación ciudadana y las armas en la ley del territorio. Los pájaros eran vecinos armados por el poder central para vigilar, perseguir y exterminar a quien pensara diferente. Las armas y la operatividad de la violencia fueron privatizadas bajo el aval de las élites bogotanas. El agravante es que lo ocurrido en el Valle del Cauca es solo un espejo de lo ocurrido en toda la geografía nacional.
Hoy, la historia da un giro macabro. El nuevo gobernante, respaldado por un discurso de mano dura, libre mercado y un nacionalismo histriónico, desprecia el monopolio legítimo de las armas, que debe ser exclusivo del estado, y coquetea irresponsablemente con la defensa civil armada. Promover el porte legal y legitimar organizaciones de ciudadanos para “defender la patria” no es una genialidad de la modernidad política; es revivir el libreto paramilitar de los pájaros y chulavitas, o de las convivir de los 90. Legitimar la tenencia de armamento en una sociedad violenta por antonomasia, que arrastra heridas y traumas históricos, es encender la mecha sobre un polvorín. Lo que ha ocurrido a través del tiempo son advertencias claras sobre lo que pasa cuando un gobernante descarga la responsabilidad de la seguridad en el ciudadano, con la premisa de la defensa personal, familiar y del gobierno, siempre degenera en la ley de quien apriete el gatillo primero, antes que el vecino, desata una violencia incontenible.
Las alarmas están encendidas, ojalá despierten a un país anestesiado antes que los nuevos pájaros y oscuros chulavitas de la era digital, amparados en la retórica oficial, vuelvan a patrullar nuestros campos, pueblos y ciudades, tiñendo todo de luto.