Por: La Nueva Prensa / www.latardedelotun.com ______
Los líderes indígenas primero estuvieron secuestrados y fueron torturados en una casa de Carlos Mattos. La Sala de Reconocimiento remitió a la Unidad de Investigación y Acusación a antiguos militares que no reconocieron su responsabilidad en el asesinato de los Mamos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro.
Con una tardanza judicial de 37 años, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó este miércoles el crimen de guerra de tortura al mayor (r) del Ejército Hernán Carrera Sanabria, por los hechos cometidos contra los indígenas arhuacos Luis Napoleón Torres, Amado y Vicente Villafañe Chaparro. En la misma decisión, remitió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) a antiguos integrantes de la fuerza pública que no reconocieron su responsabilidad en el secuestro, la tortura, el homicidio y la desaparición de los tres Mamos arhuacos, máximos líderes espirituales de ese pueblo.
Carrera Sanabria aceptó su responsabilidad y deberá presentar una propuesta de reparación que contribuya a la recuperación del Cerro Inarwa, sitio sagrado y de peregrinación del pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los remitidos a la UIA son el general (r) Juan Salcedo Lora, excomandante de brigada, y los coroneles retirados Luis Fernando Duque Izquierdo, excomandante del Batallón La Popa; Luis Fernando Urrego Ávila, entonces mayor de la Brigada Móvil; Rafael Mejía Roa, exjefe de Operaciones de La Popa, y Álvaro Matallana Eslava, excomandante del Batallón Guajiros. También fueron remitidos el capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo, exjefe de Inteligencia de La Popa, y Cosme García Camacho, exintegrante de esa misma sección. El coronel Duque y el capitán Fernández ya habían sido destituidos por la Procuraduría, y su investigación había sido cerrada en la Justicia Penal Militar.
La Sala expulsó además de la jurisdicción al compareciente Daniel Rivera Rincón, por investigaciones penales relacionadas con delitos que habría cometido después de la firma del Acuerdo de Paz.
Según la decisión, la investigación esclareció la estigmatización de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, la participación de hacendados y empresarios del Cesar en los crímenes y los lugares donde habrían permanecido secuestrados los mamos antes de su muerte: una casa en la Plaza Alfonso López de Valledupar, propiedad de la familia de José y Carlos Mattos, y la hacienda ganadera Bethania, de Luis Alberto Restrepo, en El Copey. En esos sitios se acantonaban tropas del Ejército y grupos paramilitares.
La Sala también reconstruyó la forma en que fueron asesinados. Hombres armados los mataron en una carretera bajo la coordinación de Wilson Ramírez, jefe de seguridad del empresario Alfonso Macías, en presencia del coronel (r) Urrego. Según la declaración de este, el fallecido general Hugo Tovar Sánchez, comandante de la Brigada Móvil, le ordenó permanecer en la zona, radicarse en las haciendas de Macías y Restrepo y colaborar con los grupos armados que ellos habían establecido.
Los Mamos viajaban a Bogotá para aportar a los procesos de la Asamblea Nacional Constituyente y abogar por la autonomía de los pueblos étnicos, el respeto de la naturaleza y del territorio y una vida en paz. La JEP atribuyó su estigmatización al uso que las extintas Farc-EP hicieron del territorio sagrado como escondite de armas y de secuestrados, entre ellos José Eduardo Mattos, por cuya libertad la guerrilla exigía una suma millonaria. La búsqueda de recompensas y de resultados positivos para el Ejército condujo, según la Sala, a la comisión de los crímenes.
Durante el trámite, la Sala abrió un incidente de condicionalidad por el incumplimiento del deber de aportar verdad. Se realizó una audiencia dialógica con autoridades de todos los pueblos de la Sierra Nevada. Las víctimas calificaron de insuficientes y falsos los aportes de los comparecientes, quienes pidieron no ser excluidos de la jurisdicción. La decisión de la Sala sobre este punto no fue unánime.
Gracias al trabajo conjunto de la Sala, la UIA y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y a una medida cautelar solicitada por esta última, fueron hallados restos óseos humanos en la hacienda Bethania. Por esos hallazgos, por la alteración de la zona y por la obstaculización inicial de las labores de exhumación, la JEP compulsó copias a la Fiscalía para que avance en las investigaciones penales y en los procesos de extinción de dominio. La Fiscalía deberá examinar también la presunta responsabilidad de terceros civiles en los crímenes y en la conformación de grupos paramilitares.
Las audiencias se realizaron en territorio sagrado y en la sede de la JEP en Bogotá, donde fueron escuchados autoridades ancestrales, víctimas y comparecientes. La verdad y el reconocimiento de estos últimos resultaron insuficientes, y de ahí su remisión a la UIA.
La decisión cierra una etapa para los pueblos Arhuaco, Wiwa, Kankuamo y Kogui, cuyos casos figuran en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Ahora la responsabilidad pasa a la justicia ordinaria y a la UIA, que deberán establecer si quienes negaron los hechos ante la jurisdicción de paz responderán por ellos ante un juicio. Para las comunidades de la Sierra, que esperaron décadas una respuesta, el proceso no termina con esta decisión.
Luis Napoleón Torres Crespo, de nombre indígena Bunkwanavingumu, fue una de las figuras más respetadas del pueblo arhuaco. Según Amnistía Internacional, ejerció durante siete años como gobernador de su comunidad, fue mamo, es decir, autoridad tradicional y guía espiritual, y actuó como mediador entre los arhuacos y las autoridades colombianas. También representó a los indígenas de la Sierra Nevada como jefe de Asuntos Indígenas del Cesar. Tuvo ocho hijos con su tercera esposa, María Concepción. El 28 de noviembre de 1990 salió de Valledupar en bus hacia Bogotá, junto con Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, para cumplir compromisos con funcionarios del Gobierno y aportar a la Asamblea Nacional Constituyente. En el departamento del Cesar, hombres armados con uniformes del Ejército los bajaron del vehículo. Sus cuerpos fueron hallados en diciembre de ese año, con señales de terribles tortura y disparos en la cabeza, y la comunidad los identificó.