Por Leonardo Franco Arenas
___Este 2 de noviembre se cumplen 25 años del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, hecho sucedido a las afueras de la universidad Sergio Arboleda de la que fue cofundador, y era profesor en esos momentos. A un mes de esa fecha, se conoció una carta firmada por tres representantes del partido político de las Farc, miembros de la guerrilla firmante del acuerdo de paz con el gobierno Santos, en la misiva reconocen ante la JEP y el país su responsabilidad directa en el homicidio del político colombiano.
Por este giro inesperado de la historia oficial, la opinión pública, la clase política y la justicia han entrado en un vórtice incontenible de análisis, juicios de valor, en un berenjenal de competencias, puntos de vista y acusaciones, descalificando o sentenciando este hecho adelantado en el marco de la JEP. Lo único cierto es que, en este escenario que ya trasciende lo especulativo, siendo el primer caso de gran magnitud que es asumido por uno de los actores del conflicto, nos lleva a ser testigos de primera mano del proceso que se debe seguir en el marco de la justicia especial para la paz. A partir esta confesión han transcurrido unos pocos días y desde la mayoría de los sectores del país se escuchan voces en diferentes tonos, algunos, entre ellos y quien lo creyera miembros del ejecutivo, exigiendo la salida de estas personas del marco especial para la paz, asumimos que ven la oportunidad de una vez por todas de “volver trizas el acuerdo”. Duque el presidente, Ceballos el comisionado de paz entre otros y quienes debieran estar trabajando por la consolidación de una paz estable y duradera que es un mandato constitucional, tratan de una vez por todas dinamitar este esfuerzo nacional; otros, la mayoría asombrados por lo ocurrido y la incertidumbre sobre el futuro de la Nación.
De otra parte, el impopular ex fiscal Martínez, aprovecha la situación para aparecer de nuevo en el escenario político de Colombia, sacando su cabeza del pozo de olvido en que se ha escondido, para vociferar sus conocidas leguleyadas frente a las competencias en el juzgamiento del senador Lozada. El misil de profundidad que pretendía detonar en estos momentos, apropiándose de manera sibilina de atribuciones que no le competen, y tomado a manera de opinión como abogado y paisano del común, le tronó como un triqui traque que ya ni a los niños espanta. El ex magistrado Beltrán, Yesid Reyes, ex magistrado y ex ministro de justicia y la presidenta de la JEP Patricia Linares, echan por tierra la sesgada interpretación dada por Martínez en el sentido que los parlamentarios del partido político de las Farc deben ser juzgados por la Corte suprema de justicia, lejos de cualquier duda, ellos reconocen que la competencia es de la JEP y que la última palabra para definir si Lozada debe renunciar al senado es la sala de reconocimiento y verdad de ese tribunal. Con lo anterior queda saldada la rebuscada controversia que pretendía generar el ex fiscal, con el ánimo de reencaucharse en la actualidad política y de paso hacerle un favor a aquellos que desde todos los ángulos disparan en contra del acuerdo de paz.
Por último, la mayoría de los colombianos reclamamos hechos concretos en el reconocimiento de crímenes, la verdad y responsabilidad en cuanto a hechos ocurridos durante 50 años de conflicto; quienes más lo han exigido son los que están en otra orilla, la extrema derecha representada por el CD, miembros de otros partidos, militares y los dueños del poder económico y terratenientes, como muestra que el acuerdo de paz si garantiza conocer los pormenores de la oscura historia no contada por parte de los actores del conflicto, pues bien, se llegó el momento y al reconocer estos primeros delitos ante la JEP, la respuesta de esos grupos es aprovechar las circunstancias y atacar el acuerdo y la jurisdicción creada para el juzgamiento de hechos como el confesado. La JEP está blindada, el acuerdo de paz de igual manera, pero sus opositores no dejarán pasar cualquier oportunidad para tratar de acabar con este logro, volverla añicos. ¿Cuál puede ser la respuesta de los desmovilizados de este grupo, si en este país de leguleyos y de forma maquiavélica llegase a imponerse esta teoría? “EL MONTE”, esa sería su única vía, volver a un conflicto mucho más violento, más grande, con heridas más profundas. Recuerden que el incumplimiento de la mayoría de los puntos del acuerdo ha sido del Estado, con los compromisos adquiridos para la desmovilización de esta guerrilla después de 50 años de lucha armada.
La mayoría de los colombianos dimos gracias y miramos el futuro con optimismo cuando se firmó el acuerdo, también tuvimos serias preocupaciones cuando el uribismo volvió al poder, sabíamos lo “que iba pierna arriba”, lo anticiparon los principales alfiles del todo poderoso: “Hay que hacer trizas ese maldito papel”. El acuerdo está blindado es cierto, pero también es cierto que ellos tienen el poder, ¿y el poder para qué? Es su premisa, lo ejercen a su conveniencia, no les importa la opinión del ciudadano. ¿Lo permitiremos?
El pueblo es soberano, pero como dijo Echandía ¡País de cafres ¡