Por: Leonardo Franco Arenas – www.latardedelotun.com
____En cualquier democracia que se respete, uno de los principales derechos es el derecho a la protesta, este reúne las posibilidades que tiene el ciudadano para hacer valer los demás frente al actuar del Estado; cuando este derecho primordial peligra, los demás derechos están en riesgo de ser vulnerados sin que exista la capacidad o los medios para hacerlos valer.
En estos dos últimos años, los logros alcanzados por la protesta social han venido en detrimento, las prohibiciones abiertas o soterradas están a la orden del día. La violencia desatada en contra de los líderes sociales que alzan sus voces para defender los intereses comunes es el pan de cada día. La represión por parte de los organismos militares y de policía del Estado se ha dejado sentir en cada una de las marchas y demás actividades de protesta programadas por la sociedad civil, sin diferencia de estratos, nivel académico u ocupación laboral, para ser satanizadas y reprimidas violentamente por los agentes del gobierno. Hay tres ejemplos claros que han salido a la luz en los últimos dos días:
- Amenazas en contra de la minga indígena por parte de Uribe, desde su tribuna botafuegos – léase Twitter – se ha referido a esta convocatoria calificándola de “toma socialista”, con un componente más grave aún, pidió mano fuerte en contra de sus participantes. “ojo con la minga” fue el encabezado de seis trinos agresivos y tendenciosos sobre la minga. Uribe aseguró además que esa “toma socialista” “utiliza los derechos de la democracia, los derechos humanos, el derecho a la protesta y de la libertad de expresión, para “defender sus acciones violentas y negar esos derechos a quienes señalan como sus enemigos”. Tras los trinos y la posición beligerante del hombre del Ubérrimo, se alinean todas las fuerzas de la derecha del país, respaldadas por Duque y el comandante de las fuerzas militares.
- Rafael Guarín, abogado especializado en temas de seguridad y quien es asesor para la seguridad nacional, da a conocer un estudio realizado por el y su equipo de trabajo cuyas conclusiones son: “La comunidad de inteligencia y la Fiscalía General de la Nación trabajan conjuntamente para fortalecer las capacidades de prevención de terrorismo urbano, con la cooperación de Estados Unidos. Proteger a la población es la prioridad del Gobierno del Presidente Duque”. “Cooperación Estados Unidos y Colombia contra terrorismo. Trabajamos desde la Presidencia de la República en la prevención de terrorismo urbano y para enfrentar la nueva amenaza que representa la violencia urbana a gran escala: terrorismo de baja intensidad”. En resumen, la protesta ciudadana en todas sus expresiones no pasa de ser “terrorismo de baja intensidad”, los esfuerzos de los organismos de seguridad del estado y la fiscalía, deben enfocar los esfuerzos en controlar y proteger la población del terrorismo urbano.
- De una manera más sutil, pero no menos maquiavélica el ministro de salud, sale a calificar la marcha indígena como un evento de alto riesgo para la salud pública e invoca a ejercer control sobre el desarrollo de la minga, por parte de los entes de seguridad del Estado.
Es indignante la forma en que el CD y otros actores de la derecha colombiana incluyendo a los militares, están estigmatizando la protesta ciudadana, ahogando el derecho constitucional a la protesta que tenemos todos, reprimiéndola de antemano y justificando con falacias y el miedo la utilización de la fuerza en contra de todo a aquel que proteste. ¿A dónde vamos a llegar?