Redacción – www.latardedelotun.com
___Conforme a una decisión en derecho, la juez 30 de garantías dejó en libertad al ex senador Uribe Vélez, detención domiciliaria dictada por la Corte suprema de justicia por la presunta participación del indiciado en un caso se soborno y manipulación de testigos.
La juez obró de acuerdo a la ley 906 de 2004, sin que esto signifique, que está en contra de lo actuado por la Corte, que fue comprada por el uribismo o que debido a su juventud se sintió presionada por el poder y el peso político del detenido. Creemos en la ley y justicia, no es coherente que en estos momentos estuviésemos cuestionando la decisión tomada por la juez; no podemos alinearnos en la misma orilla de aquellos que de acuerdo a las circunstancias del momento, reconocen o denigran de lo actuado por la justicia. Dura lex, sed lex.
Uribe está en libertad y bajo la ley 906 se deben surtir algunos pasos dentro del proceso, que estaba inicialmente bajo la ley 600 del 2000 por el fuero constitucional que gozaba; fue la misma Corte suprema quien resolvió el conflicto de competencias sobre la ley que debía regir este caso, el nuevo sistema penal acusatorio, trasladándolo a la fiscalía. Así pues, ni la jueza es una corrupta, ni el ex está libre de culpas porque además, desde hace dos meses goza de un deshonroso “honor” ser el primer ex presidente de la república detenido preventivamente, amén de las múltiples investigaciones abiertas por otros delitos.
Lo delicado del tema no proviene de los jueces encargados, es la desconfianza o la certeza que este caso será archivado, declarado nulo o en el peor de los casos engavetado, por la actuación de la fiscalía general, es conocida la inexistente imparcialidad del fiscal Barbosa por su cercanía a Duque y al CD; además, la sujeción del fiscal encargado de instruir el caso, Gabriel Jaimes al ex procurador Ordoñez y a su jefe en la fiscalía. Las sospechas parten no solo de esto, también de lo actuado hasta aquí, no declararse impedido dada su cercanía al gobierno, solicitar en la audiencia la libertad del detenido, es un exabrupto jurídico desde punto de vista de eminentes abogados penalistas, que el ente acusador haga las veces de defensor del acusado. La percepción general es que en este caso no va a pasar nada debido a la poderosa máquinaria que engrasó el gobierno para blindarse en temas delicados frente a la justicia; resumiendo los temores, el fiscal del caso solicitará la preclusión de la investigación en contra de Uribe; final del caso.
La jugadita del ex detenido y sus abogados de renunciar al senado les salió muy bien, eso demuestra dos cosas: Uno, sacarle el cuerpo a la justicia a base de esguinces jurídicos es el modus operandi de los delincuentes, mafiosos y políticos; en este caso existe una trinidad; tres ocupaciones distintas y un solo actor verdadero. Dos, la demostración del poder apropiado en una sola persona hace desaparecer el estado social de derecho en Colombia y eso lo convierte en una dictadura.
Confiemos en que el país aún tiene futuro en manos del poder judicial; el ejecutivo y el legislativo están cooptados o cuando menos prostituidos, la esperanza es lo último que se pierde y si esto sucede, “que el último apague y tranque la puerta”
Final:
En lo nacional: Sospechoso el silencio abrupto y prolongado de la vice presidenta, como dicen “el pecado es cobarde” ¿Quién le daría la orden a Doña Martica de cerrar la boquita y desaparecer de la escena política? Pasar de agache.
En lo local: Diametralmente opuesto sucede en Pereira, donde un ex alcalde, con ganas de ser el que diga Uribe en la región, está desatado en vociferar y denostar en contra de todo lo que sea oposición. Arrodillado al caudillo, venerando su figura y su estatura “política” se concluye, que el señor del Ubérrimo también es dios para él de acuerdo a su humillada y venenosa perorata diaria. Bueno, ya a este personaje también se le conoce y sabemos de sus intereses vulgarmente monetarios.