Por: Leonardo Franco Arenas.
Hijo de una familia de clase alta de Valledupar, Rodrigo Tovar Pupo se codeaba con la crema y nata de la sociedad del Valle, a principios de los 90 y luego de trabajar en el sector público de su departamento, se unió a las autodefensas al mando de Salvatore Mancuso.
Jorge 40, comandante del bloque norte de las AUC como era conocido, fue extraditado de manera exprés al igual que otros paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe y condenado en Estados Unidos a 16 años de cárcel acusado de tráfico de drogas. Antes de ser enviado al norte fue expulsado de justicia y paz al negarse a contar la verdad, masacres, secuestros, desplazamiento forzado entre otros, que estaban documentadas; Tovar siempre fue reconocido como uno de los comandantes paramilitares más sanguinarios de esta región por ejemplo la masacre de El Salado, uno de los hechos más dolorosos ocurridos en el territorio nacional allí fueron asesinadas 66 personas del 16 al 21 de febrero del año 2.000, por un grupo de 300 hombres cumpliendo órdenes de Mancuso y Jorge 40.
Existe la posibilidad que el ex comandante paramilitar sea condenado a más de 40 años de prisión al regresar a Colombia en el mes de junio, al ser excluido de justicia y paz perdió la oportunidad de tener la pena alternativa de 8 años que había negociado el gobierno con las AUC.
La pena a la cual fue condenado en EEUU se cumple en el mes de junio y es posible que sea deportado al País, una vez se surtan los trámites pertinentes y se estudie si no hay otros requerimientos de la justicia gringa.
La actualidad colombiana no es propiamente un camino de rosas y la credibilidad en las instituciones que componen el Estado es menor cada día, por lo anterior no deja de causar suspicacia en algunos escenarios más desconfiados o intuitivos, que en el último mes se estén presentando hechos para no pasar por alto, entre ellos, el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Jorge 40 como coordinador del programa de victimas del Ministerio del Interior y si bien es cierto como lo dijo Alicia Arango la Ministra, que en Colombia “no existen delitos de sangre” no deja de ser un exabrupto de cara a la realidad nacional y a la alta sensibilidad que despierta un tema tan delicado, no solo en las víctimas, si no en el opinión pública en general; en el País nacional como diría Gaitán.
¿Coincidencia el regreso y el nombramiento? ¿Es una manera de acallar al ex paramilitar que fue extraditado en forma precipitada en contra de su voluntad y ahora regresa?
¿Estará contemplada alguna triquiñuela jurídica para librarlo de 40 años de prisión por los crímenes en Colombia y mantenerlo en silencio? ¿Le devolverán propiedades, empresas etc, como contraprestación al silencio?
De todas maneras entre bandidos se conocen, ya se han traicionado, la ley del silencio y la confianza que imperaba antes de la extradición de los jefes paramilitares se ha deteriorado y ahora los que exigen son los que han pagado cárcel y han asumido culpas por terceros, los verdaderos determinadores de la violencia en Colombia.
Otra estrategia actual es que nos han puesto a hablar de este tema desde hace varios días, desviando la atención sobre temas álgidos para el País, escándalos de mayor importancia con el fin de distraer la opinión pública y extender cortinas de humo, como es el caso de la politización de la justicia, el robo de los dineros destinados a sobrellevar la pandemia y el seriado sobre el senador Uribe.
Ahí se las dejo, báilenme ese trompo!