APUNTES SOBRE ALVARO URIBE VÉLEZ.

Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez (El señor de las sombras). ________

Capítulo 1: El misterio de los aviones fantasma_______

Por: FERNANDO GARAVITO (Q. E. P. D.) Y JOSEPH CONTRERAS

Publicado en 2002 por la Editorial Oveja Negra. Publicados en la Nueva Prensa.

Uribe Vélez logró permanecer 28 meses largos en la dirección del Departamento sin sufrir ni un rasguño. Un año después del retiro de Uribe Vélez, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenó a la Aerocivil “suspender los vuelos de naves de narcotraficantes” y señaló que en el pasado esa entidad había adolecido de una actitud pasiva y negligente.

En su libro Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo lo planteó sin mayor énfasis. “Uribe – escribió allí – le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil.

Uribe Vélez le explicó a Cromos que él había nombrado una comisión para averiguar por el paradero de dichos fondos, de la que formaron parte «Horacio Moscoso y César Villegas, director de Planeación, un hombre honrado que debutaba la administración pública y que traje de Norteamérica para que me colaborara”. Pero Villegas, su íntimo colaborador y su socio, no era tan honrado como él quería hacer creer. El país conoció con todo detalle sus comprometedoras relaciones con la mafia, en las que se originó su apodo de “El Bandi”.

A Uribe se le ha visto como el candidato preferido de los grandes monopolios, como el candidato señalado por los medios de información (sin tener en cuenta que en Colombia los medios pertenecen a los monopolios), como el candidato de los sectores delictivos más oscuros del país.

¿Cuánto se atrasará el país en cuatro años de una eventual Presidencia suya? La respuesta de uno de ellos fue fulminante: se atrasará toda la historia.

Uribe representa la necesidad de centralizar al poder ejecutivo para lograr una unidad de mando en la guerra que se avecina. Su política “ayuda a que se profundice en Colombia un modelo económico caracterizado por la más grande acumulación y concentración de capital y tierra en unas pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales de la economía. Su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como la centralización absoluta del poder ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las libertades

Su propuesta de seguridad ha sido criticada duramente por las asociaciones internacionales de Derechos Humanos. En síntesis, “hoy se debe crear una milicia civil, dándoles armas a un millón de desempleados para que patrullen los campos y proporcionen información al Ejército y la Policía”.

En el Congreso Nacional de Fedegán, reunido en Cartagena en noviembre del año 2000, Uribe fue recibido por los participantes con el saludo falangista. Entre muchos miembros con una hoja de vida intachable, Fedegán agrupa a decenas de hacendados que se precian de mantener relaciones estrechas con los paramilitares, e inclusive de financiarlos económicamente.

Las leyes que Uribe impulsó como senador desvelan a más de un analista. Entre ellas se cuentan la 71 de 1988, la 50 de 1990, y la 100 de 1994.

La 50 de 1990, o “de reforma laboral”, ajustó las normas vigentes en Colombia al modelo neoliberal puesto en marcha ese año por la administración de César Gaviria. Uribe Vélez, quien fue el ponente de la misma, la presentó como la clave para solucionar el agudo problema de desempleo que aquejaba al país. Sus resultados fueron muy distintos. La ley 50 modificó el sistema de estabilidad laboral, eliminó el derecho de huelga en las empresas de servicios públicos, creó el empleo temporal y organizó los Fondos de Pensiones, que han sido criticados severamente por los enemigos de la monopolización del capital.

La 100 de 1993, o Sistema de Seguridad Social, le quitó toda capacidad al Estado para atender la salud de los estratos más necesitados de la población, que quedaron por completo desprotegidos.

Esa norma, además, llevó a la quiebra el Seguro Social y puso en peligro el derecho a la jubilación de varios millones de afiliados.

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