Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com______
Que frágil es la memoria histórica de los colombianos en general y que maleables son las situaciones cuando cambian las conveniencias para algunos en particular. Me refiero concretamente a la derecha de este país que de manera camaleónica y desvergonzada, se acomoda a hechos, de acuerdo a sus intereses. De esto tenemos miles de ejemplos en la historia patria colombiana.
La conmoción interior es un estado de emergencia que puede ser declarado por el presidente cuando existan graves perturbaciones del orden público, “razones” que esgrimían desde los medios, el gobierno Duque, partidos políticos como el Centro Democrático, gremios y poderosos de este país cuando se presentó el estallido social, que fue en realidad una protesta social justa contra los ajustes económicos desproporcionados de ese nefasto gobierno.
El estado de conmoción interior es una medida excepcional contemplada en el artículo 213 de la Constitución política de 1991, que busca estabilizar y garantizar la seguridad del Estado, es declarada por el gobierno y esta le concederá facultades especiales para expedir decretos con fuerza de ley y suspender otros.
El gobierno actual en cabeza del presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción interior para la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los del Río de Oro y González en el Cesar. La medida excepcional fue adoptada por 90 días, debido a la grave situación de orden público que se desató en la región por los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC, situación que ha generado graves impactos sociales y económicos en estas áreas de la geografía nacional, asesinatos selectivos, muertes en la población civil, desplazamiento masivo, etc. con las consecuencias que producen los estados de guerra.
Desde el 24 de enero entró en vigencia cuando se firmó el decreto respectivo. Todo amparado por la Constitución, el acompañamiento de las fuerzas militares y todo el equipo de gobierno, con el debido y consagrado respeto a los derechos humanos y las veedurías internacionales de organismos como la ONU. Inmediatamente fue demandado por los mandaderos de la derecha.
Ahora veamos, Álvaro Uribe Vélez se posesionó como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2002, el 11 de agosto cuatro días después, decretó el estado de conmoción interior en todo el país. Posteriormente la prorrogó dos veces más, la última, en febrero de 2003. Durante ese tiempo, se le dio facultad al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para hacer detenciones y allanamientos sin orden judicial. Además, se aprobó un impuesto para la seguridad democrática, entre otros. No obstante, en abril de 2003, la Corte Constitucional tumbó la última prórroga.
Después, en octubre del 2008 declaró por segunda vez la medida, como estrategia para contener el paro judicial que en ese momento ya completaba 36 días, la Corte constitucional declaro inexequible la medida.
Es de indicar que la primera declaración, fue poner al país nuevamente casi bajo estado de sitio. Los primeros apartes de decreto:
DECRETO NUMERO 2002 DEL 2002 Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002, y CONSIDERANDO Que mediante Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002 se declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional…
Pueden acceder al decreto que fundamenta la declaratoria y las atribuciones casi ilimitadas que se le dieron a este señor. https://www.refworld.org/es/leg/decre/pleg/2002/es/126689
Allí precisamente es en donde radica la diferencia entre estos dos personajes, el presidente actual y el siniestro que llegaba con un plan detallado para cooptar el Estado desde su gobierno, arremetiendo contra las libertades ciudadanas, violentando en la mayoría de los casos los derechos humanos de los colombianos, especialmente, de los de a pie.
Hoy está saliendo a la palestra pública el sinnúmero de delitos cometidos por este hombre y su séquito de serviles, solo es observar la cantidad de esbirros condenados por múltiples delitos, otros huyendo de la justicia, a él se le cierra el círculo, con el agravante de lo que se está descubriendo (secretos a voces), que lo llevará a responder por sus múltiples delitos.
Es esta la diferencia, lo que va de un jefe de mafias a un verdadero demócrata.