Por: Carolina Corcho / www.latardedelotun.com_______
El pasado martes 11 de marzo, ocho Senadores de la Comisión Séptima del Senado radicaron ponencia de archivo de la reforma laboral, frente a esta situación el presidente de la República en alocución llamó a la realización de una Consulta Popular para preguntar a la ciudadanía por el destino de las reformas a la salud y laboral. A esto se suma la convocatoria que adelantan las centrales sindicales y los movimientos sociales para el próximo martes 18 de marzo a una movilización nacional en defensa de las reformas, la cual se ve ambientada por la grotesca y burlesca actitud de este grupo de senadores con el archivo de la reforma, sumado a que anticiparon en la prensa que igual destino iba a sufrir la reforma a la salud. Un acto revanchista y de abierta obstrucción al presidente y al gobierno, sin un solo argumento que sustente dicha oposición. Los mismos ocho senadores que hundieron la reforma a la salud hace un año, lo hacen ahora con la reforma laboral.
Es de anotar que la reforma laboral venía muy disminuida desde la Cámara de Representantes, no obstante, ese texto tenía avances importantes en materia de legislación laboral como el inicio de la jornada nocturna desde las 7 pm para reconocimiento de horas extras, que se había perdido con la ley 789; la remuneración del día de descanso que puede ser domingo o festivo, en un 100 %, superando el 75% que existe en la actualidad; el contrato a término fijo sólo podría tener una duración de 4 años, si se supera este tiempo se asume que es un contrato a término indefinido. Se establecían medidas para eliminar la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo. Se aumenta la licencia de paternidad de 2 a 4 semanas, la contratación preferente de personas con discapacidad y la obligatoriedad para que se establezcan medidas de flexibilidad para los trabajadores que son cuidadores de enfermos o personas en condición de discapacidad.
Se incluyeron puntos como la formalización del trabajo doméstico, y la inclusión progresiva de las madres comunitarias en la planta de personal del Estado. En el país existe 69 mil madres comunitarias que atienden más de un millón de niños y niñas. Se recuperaba el contrato de aprendizaje para los jóvenes del Sena. Es de anotar que en el tránsito de la reforma en la Cámara de Representantes se perdió el articulado referido a los derechos colectivos, de asociación sindical, instrumentos que permiten mediante negociaciones sindicales crear mejores condiciones salariales para los trabajadores y el reconocimiento de mejores condiciones laborales. Es evidente que el gobierno accedió a reducir los alcances de la reforma en el marco de una concertación, pero de nada sirvió por qué, aun así, no tuvieron ninguna consideración válida para archivar la reforma. Está completamente claro que el Congreso debe ser cambiado en el proceso electoral del 2026, si se quiere que Colombia cambie y sea más justa.
La reforma laboral no resuelve el problema de la informalidad, ese no era su objetivo, este asunto lo debe resolver es una política de reindustrialización del país, la reforma recuperaba derechos que tenían los trabajadores y que fueron arrebatados en leyes anteriores, con la excusa de que entre menos derechos tengan los trabajadores, habría más productividad y habría más empleo en Colombia. Nada de esto fue verdad. Las evidencias demuestran lo contrario.
Frente al panorama de un bloqueo institucional desde el Congreso de la República para el avance de la reforma laboral, y el anuncio de uno de los senadores del bloque opositor de que también archivarían la reforma a la salud, anuncio hecho sin que aún el gobierno haya siquiera iniciado el trámite en esta Cámara, está claro que las mayorías de esa Comisión y del Congreso no están dispuestas a legislar políticas públicas que superen el núcleo neoliberal de la década de los 90 que generó exclusión y desigualdad.
El gobierno ha decidido avanzar por decreto en aquello que le sea posible en materia laboral amparado en el bloque de constitucionalidad, y convocar a una consulta popular que es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún tema de vital importancia para la ciudadanía, es un reto en la democracia colombiana. Para que sea válida, se requiere el apoyo de un número de ciudadanos igual o superior a un tercio del censo electoral en la fecha respectiva, esto significa al menos que 13,6 millones de personas deben participar, y para aprobar cada pregunta se requieren 6,8 millones de votos afirmativos. Esto exige una movilización masiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos y del modelo de Estado Social de Derecho.
El presidente Gustavo Petro puede convocar la Consulta Popular directamente con la firma de todos sus ministros. En ese documento deben estar incluidas las preguntas que se someterán a votación. Después de esto, el Senado debe revisar la propuesta y votar si la aprueba o no. Si la aprueban, el presidente tiene ocho días para firmar un decreto que fije la fecha de votación, que debe realizarse en un plazo máximo de tres meses.
Para que una pregunta sea aprobada en la consulta, deben cumplirse dos condiciones:1. La mayoría de los votos deben ser por el SÍ.2. Debe alcanzar un umbral mínimo de participación, equivalente a la tercera parte del censo electoral. Actualmente, el censo es de 40,9 millones de personas, por lo que al menos 13,6 millones deben votar para que la consulta sea válida.
Si una pregunta es aprobada, el Congreso tiene la obligación de tramitar las reformas en el siguiente período de sesiones, como máximo hasta junio de 2026. Si no lo hace, el presidente podrá expedirlas por decreto en su último mes de gobierno. Este mecanismo es una herramienta de democracia directa y un reto histórico para el país.
Colombia es una democracia participativa, donde la soberanía reside en el pueblo y la participación política es un derecho fundamental. Esta consulta es legítima y responde al mandato constitucional del artículo 133 de la Carta Política, que ordena a los legisladores legislar “consultando la justicia y el bien común”. Sin embargo, el Congreso ha fallado en este deber al bloquear reformas esenciales para el país. Respecto a las reformas sociales ha primado la desinformación y la defensa cerrera del status quo.
En ese sentido, la Consulta se convierte en una oportunidad para adelantar una pedagogía de masas sobre lo que debe ser el cambio del país, el tránsito hacia la justicia social. La participación no sólo es un derecho, sino una herramienta para construir un país más justo y equitativo. En este contexto, la Centrales Sindicales y los Movimientos Sociales han convocado una jornada de movilización el próxima martes 18 de marzo, en defensa de las reformas laboral y de la salud.
Debo reiterar las veces que sea necesario, que la crisis acumulada de la salud sólo la puede resolver el Congreso mediante la reforma, los alcances del ejecutivo sería administrar la crisis, pero resolverla e iniciar una transición que estabilice el sistema, es responsabilidad del Congreso. La historia ha mostrado que si no se resuelven los problemas estructurales y las leyes son cosméticas, el problema sigue y retorna como un boomerang.
Participaremos con optimismo del proceso participativo de movilización por las reformas y la consulta popular. ¡A la Calle y a las Urnas!