Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com – RED Noticias de Colombia. ____
Desde diferentes orillas de la oposición política colombiana, políticos de derecha, grupos económicos, gremios y medios, se han hecho señalamientos al Presidente Gustavo Petro sobre el contrato hecho con la firma estadounidense de abogados Amadeus Consultancy Limited, para la defensa jurídica del presidente y su familia, ante las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos con su inclusión en la Lista Clinton. Ahora, la insalubre y muy oportunista columnista Salud Hernández, sale a atizar el fuego desde una columna en donde afirma que Petro “cree que el Estado es su banco” y califica este hecho como “abusivo y corrupto”. ____
Gustavo Petro fiel a su carácter y estilo directo, le respondió a la Hernández, exponiendo de paso las razones que llevaron a este punto. “Durante años, sectores de la oposición colombiana han viajado a Estados Unidos no a defender los intereses del país, sino a pedir sanciones, bloqueos, presiones diplomáticas y escenarios de intervención contra gobiernos que no comparten. Esa práctica, normalizada y celebrada por algunos medios, tiene consecuencias reales. Una de ellas es la estigmatización internacional del Estado colombiano y de su gobierno, con riesgos jurídicos y financieros que luego deben ser enfrentados con recursos públicos”. “Defender al Estado colombiano —su estabilidad, su acceso al sistema financiero internacional y su institucionalidad— no es un capricho personal del presidente. Es una obligación. Pretender lo contrario, después de haber alentado el incendio, es un ejercicio de cinismo político que ya no pasa desapercibido para una ciudadanía cada vez más crítica”.
Veamos, el objeto del contrato tiene como finalidad suministrar asesoría, representación y defensa jurídica del presidente y su esposa Verónica Alcocer, es claro que su objetivo es representar y defender jurídicamente al presidente de la República de Colombia ante autoridades y en escenarios judiciales de EE.UU. Este contrato fue realizado con una firma experta en asuntos legales y regulatorios que se encargará de adelantar las gestiones pertinentes y necesarias para controvertir y aclarar la inclusión del mandatario en los listados de la OFAC.
Así la oposición pretenda crear una falsa narrativa, de ninguna manera se está cometiendo algún delito contra el erario, son acciones debidas a una necesidad institucional, en este caso, del Estado colombiano, no solo del gobierno, como resultado a una decisión adoptada por una autoridad extranjera. La defensa jurídica busca proteger los intereses del jefe de Estado y del país en escenarios internacionales, más allá de consideraciones políticas oportunistas internas. Ya saben entonces quienes son los culpables del pago al bufete de abogados estadounidenses, los que siempre arrojan la piedra y esconden la mano. Insalubre Hernández una vez más queda en ridículo por su pluma perversa, frágil y desvergonzada.