Titulares: 1. Operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico. 2. Colombia solar, nueva reglamentación. 3. Canastas alimentarias en el receso escolar en Antioquia. 4. Superintendencia pide celeridad a la Fiscalía sobre caso Asmet Salud. 5. Comparecientes de la JEP. ______
Redacción: www.latardedelotun.com / Fuentes: FAC – Min Minas y Energía – Min Educación – Super Salud – Min Justicia. ______
- Fuerza Aeroespacial inhabilitó siete infraestructuras del narcotráfico en Tumaco.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) informó que, en desarrollo de la estrategia Esmeralda Plus, el Comando Aéreo de Combate No. 7 (CACOM 7), en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional, adelantó operaciones contra el narcotráfico en zona rural del municipio de Tumaco, departamento de Nariño.
De acuerdo con la entidad, como resultado de las acciones militares fueron inhabilitadas siete infraestructuras: Cinco para el procesamiento de pasta a base de coca y dos para el procesamiento de ácido clorhídrico.
Asimismo, se incautaron 8.075 galones de gasolina, 50 galones de aceite combustible para motores ACPM, 135 kilogramos de sustancia sólida, 2 pesas tipo reloj, 3 escurrideros, 1.350 galones de ácido clorhídrico.
Según la información obtenida durante el desarrollo de la operación, este sistema de producción presuntamente pertenecería a infraestructuras GAO Bloque Occidental Alfonso Cano de las Farc, aspecto que será objeto de verificación por parte de las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
Finalmente, la FAC afirmó que, con este tipo de operaciones, en coordinación con las autoridades competentes, continúa debilitando las economías ilícitas que financian las organizaciones armadas ilegales, afectando su capacidad logística y operacional, al tiempo que reafirma su compromiso con la seguridad, la estabilidad y la protección de los habitantes del suroccidente colombiano.
- Gobierno expide nueva reglamentación para ampliar Colombia Solar a más hogares vulnerables.
Con una nueva reglamentación que está para comentarios, el Ministerio de Minas y Energía busca fortalecer el programa Colombia Solar para llegar a más hogares de estratos 1, 2 y 3 con energía solar permanente, a bajo costo y fortalecer la seguridad energética del país.
La idea es establecer nuevos criterios técnicos y sociales de focalización y mejorar las condiciones técnicas, financieras y operativas para consolidar la autogeneración como una herramienta para reducir el costo del servicio de energía
Este proyecto de resolución sustituye la reglamentación anterior expedida este año e incorpora nuevos lineamientos para la ejecución del programa, definiendo las reglas para la administración de los recursos, la operación y mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos, así como los criterios de focalización y priorización de los beneficiarios.
El programa está dirigido a usuarios de estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional y priorizará las inversiones mediante indicadores como el Índice de Pobreza Multidimensional, el Índice de Pobreza Energética Multidimensional, el costo del servicio de energía, la cobertura de usuarios y el potencial de radiación solar de cada departamento.
La nueva reglamentación también garantiza que los beneficiarios continúen recibiendo los subsidios establecidos por la ley mientras el programa alcanza su implementación plena, evitando afectaciones en el acceso al servicio de energía.
“Con Colombia Solar queremos que miles de familias pasen de ser únicamente consumidoras de energía a convertirse también en generadoras. Esta nueva reglamentación nos permite acelerar el acceso a energía limpia, reducir el costo del servicio para los hogares más vulnerables y consolidar una transición energética que beneficie directamente a la gente», aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
El proyecto de reglamentación establece mecanismos para asegurar la operación, mantenimiento y reposición de los sistemas fotovoltaicos durante su vida útil, fortaleciendo la sostenibilidad del programa y el uso eficiente de los recursos públicos.
“Estamos construyendo un programa sólido, con criterios técnicos para que las inversiones lleguen primero a los territorios con mayores necesidades. Colombia Solar también combate la pobreza energética y fortalece la seguridad energética del país», añadió el jefe de la cartera energética.
El ministro Palma reiteró que Colombia Solar es el principal instrumento de la Transición Energética Justa del gobierno del presidente Gustavo Petro, orientado a democratizar el acceso a las energías renovables, fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico y mejorar la calidad de vida de miles de familias colombianas.
- Con una inversión de $2.726 millones, Gobierno Petro entrega canastas alimentarias a 21.600 estudiantes de Antioquia durante el receso escolar.
Así lo informó el ministerio de Educación, el cual indicó que, durante los días de receso académico, estas canastas permitirán acompañar a los estudiantes que hacen parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La entidad indicó que, en total, serán beneficiados 21.637 niñas, niños, jóvenes y adolescentes de Murindó, Vigía del Fuerte, Necoclí y San Juan de Urabá, municipios priorizados por sus condiciones rurales, ribereñas y de difícil acceso.
Según se indicó, la distribución en Antioquia contempla 1.322 beneficiarios en Murindó, con una inversión de $166.572.000; 2.343 en Vigía del Fuerte, con $295.218.000; 12.444 en Necoclí, con $1.567.944.000; y 5.528 en San Juan de Urabá, con $696.528.000.
La entidad indicó que, en Antioquia, el Gobierno del Cambio continúa llegando a los territorios con acciones que acompañan a los estudiantes y fortalecen el bienestar de niñas, niños, jóvenes y adolescentes. La alimentación escolar sigue siendo una apuesta por el cuidado, la permanencia y la educación pública.
- Supersalud pide a Fiscalía celeridad en investigaciones por presuntas irregularidades en la EPS Asmet Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud puso a disposición de las autoridades la información que reposa en la entidad sobre las presuntas irregularidades denunciadas en la EPS Asmet Salud y reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos.
En ese sentido, la entidad hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance con la mayor celeridad en las investigaciones relacionadas con las presuntas conductas de corrupción denunciadas en la EPS Asmet Salud, ocurridas entre 2025 e inicios de 2026, con el propósito de esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades a que haya lugar.
De acuerdo con la información conocida públicamente, la denuncia penal fue presentada en febrero de 2026 por un proveedor de la EPS, quien señaló presuntas exigencias de pagos indebidos para agilizar el trámite de facturas por parte del entonces interventor y miembros de su equipo.
Frente a estos hechos, la Superintendencia informó que pondrá a disposición de las autoridades la estructura e información que reposa en la entidad para contribuir al proceso investigativo.
A través de un comunicado oficial, la Superintendencia Nacional de Salud expresó su rechazo a cualquier presunta conducta de corrupción que comprometa los recursos del sistema de salud o afecte la atención de los usuarios. En ese sentido, reiteró la importancia de que las investigaciones avancen con prontitud y dentro del marco del debido proceso.
“La Superintendencia Nacional de Salud ratifica su rechazo a cualquier presunta conducta de corrupción que comprometa los recursos del sistema de salud o afecte la atención de los usuarios», señaló la entidad en un comunicado oficial.
La entidad también reafirmó su compromiso con la transparencia, la protección de los recursos públicos y la defensa del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos, al tiempo que insistió en la necesidad de que, de comprobarse responsabilidades, se adopten las medidas y sanciones correspondientes conforme a la ley.
- Gobierno expidió decreto que garantiza condiciones para que comparecientes de la JEP puedan cumplir con sanciones impuestas.
El Gobierno nacional informó que, con la expedición del decreto 652 de 2026, se establecen las condiciones institucionales que deben ser garantizadas a los comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que puedan cumplir con los proyectos restaurativos que materializan sus sanciones y, de esta manera, hagan realidad las sentencias restaurativas impuestas por la Jurisdicción.
De acuerdo con el ministerio de Justicia, las condiciones mínimas que deben ser garantizadas corresponden al ámbito de la salud, la cobertura de riesgos asociados al desarrollo de las sanciones, la habitabilidad y la seguridad. Esto último, tanto para los comparecientes como para las comunidades receptoras de los proyectos restaurativos.
En materia de salud y protección contra riesgos, el decreto adecúa las normas existentes para que los comparecientes puedan ser afiliados o mantengan su afiliación al sistema de salud en los diferentes regímenes; y establece las condiciones de protección contra riesgos, sin que ello implique una relación laboral o vínculo contractual, indicó el ministerio.
Así mismo, establece que la entidad que vincule comparecientes al desarrollo de proyectos restaurativos, en el marco de las sanciones impuestas por la JEP, deberá brindarles la capacitación pertinente y los medios materiales (herramientas, insumos, elementos de seguridad) indispensables para el cumplimiento de las actividades propias del proyecto.
En cuanto a las condiciones de habitabilidad, el decreto instituye que la entidad, organismo u organización que haya asumido el desarrollo de proyectos restaurativos debe, siempre en coordinación con la JEP, garantizar la alimentación, la adecuación de espacios para habitar y los traslados requeridos para el cumplimiento de las sanciones. Esto, en caso de que el compareciente deba desplazarse fuera de su lugar habitual de residencia para el desarrollo del proyecto restaurativo.
Las condiciones de seguridad, tanto para los comparecientes como para las comunidades receptoras, también fueron contempladas en el decreto. En este caso, se establece que “el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, las autoridades territoriales y demás entidades competentes, previa solicitud expresa de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz adecuarán los protocolos de seguridad pertinentes».
Como medida complementaria, el decreto también dispone la posibilidad de que, previamente a la implementación de los proyectos restaurativos, se realicen campañas pedagógicas en las comunidades receptoras de los proyectos con el objetivo de construir confianza con la sociedad civil y reducir los riesgos de seguridad que puedan presentarse.
Las disposiciones contenidas en el decreto aplican a todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva, tanto en el nivel central como descentralizadas. Aplican también a las entidades territoriales, a organizaciones privadas, organismos multilaterales y de cooperación, a entidades sin ánimo de lucro y a organizaciones no gubernamentales (ONG) que voluntariamente asuman la responsabilidad de participar en los proyectos restaurativos de la JEP.
Por último, el ministerio explicó que el decreto se desarrolló en cumplimiento del artículo 204 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’ que establece las condiciones jurídicas necesarias para el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP.