Por: Leonardo Franco Arenas / www.latardedelotun.com ______
Egoyá proviene de la lengua Quimbaya y su significado es “Rio de la sabana” o “Agua de la llanura”; nombre dado originalmente por los habitantes de estas tierras a la quebrada que brotaba a partir de tres nacimientos pequeños en las partes altas del sector oriental de la ciudad, cerca del Parque La Rebeca y la Avenida Circunvalar, atraviesa toda la zona urbana, hasta desembocar cerca de Turín al rio Otún.
A raíz de su canalización que inició en la década del 30 del siglo pasado, su cauce quedó oculto bajo la infraestructura urbana de la ciudad, convirtiéndose en el canal pluvial y de sanitario que hoy conocemos. Podemos observar que este nombre dejó de asociarse al paisaje natural, al agua de consumo humano y animal, a la vida y se convirtió en sinónimo de colector de aguas negras.
Los trabajos iniciales de canalización se llevaron a cabo en las administraciones municipales de, Elías Restrepo (1930), Juan Rendón (1931), Marceliano Ossa (1932) y Fernando Jaramillo (1934); todo este proceso se hizo de manera artesanal y fragmentada, con la participación de vecinos y propietarios de terrenos de ese sector; sin estudios técnicos, ni planificación, rellenaron el lecho del riachuelo con lo que tuvieran a la mano, tierra, escombros y todo tipo de residuos, además, pasando por alto que la ciudad se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico. La razón esgrimida para su canalización fue la de habilitar vías y nuevas construcciones, “el desarrollo y progreso de la Perla del Otún”.
Con el paso de los años la estructura subterránea sufrió un deterioro severo, evidenciándose siempre que sucedía un evento sísmico en la región. Fallas estructurares graves en diferentes escalas de las construcciones y filtraciones de agua, convirtieron el eje de este antiguo cauce natural en una amenaza silenciosa, pero, sobre todo, en un alto riesgo de desastre debido a los suelos blandos y rellenos artificiales que con el tiempo generan un fenómeno de amplificación de las ondas sísmicas, efecto “gelatina”.
Históricamente se puede observar, especialmente en terremotos de los últimos 40 años, que la mayor concentración de daños estructurales y colapsos de edificaciones en Pereira ocurrieron sobre este eje, especialmente en la carrera 12 entre calles 14 y 24.
Sin embargo y a pesar de ser un gran riesgo, las administraciones locales no han asumido un compromiso determinante para mitigar este peligro latente. Este es un asunto sobre diagnosticado, en el 2018 el alcalde de turno ejecutó una obra con el objetivo de mitigar el riesgo de colapso, pero se quedó corta y lo pudimos presenciar en el desastre ocurrido este 10 de agosto, paños de agua tibia a este grave problema.
Urbanistas, colectivos urbanos y expertos en estos temas han determinado con claridad que hay una necesidad urgente de cambiar el uso del suelo de toda esta franja urbana, restringir nuevas edificaciones, residenciales y comerciales, estableciendo allí, un parque lineal y de espacio público. Obra que cumpliría varios objetivos: mitigar desastres futuros, espacio público de calidad y restauración del ecosistema urbano.
¿Quiénes han sido responsables ¿directos? ¿indirectos?, de los muertos? ¿la salud física y mental, la parálisis productiva, las recesiones económicas y sociales provocadas por estos desastres?
Veamos, el solo hecho de otorgar licencias de construcción pasando por alto normas y diagnósticos existentes y los desastres históricos por esta causa, hace resaltar una cadena de responsabilidades compartidas entre actores institucionales y privados, entre ellos las curadurías urbanas, encargadas de estudiar, tramitar y expedir las licencias urbanísticas. La Secretaría de Planeación municipal encargada del diseño del POT y responsable técnica de actualizar y delimitar las zonas de riesgo.
Se sabe que desde la década de los 90 existen estudios geológicos que advierten sobre la ampliación sísmica en todo este gran relleno que hay bajo la carrera 12, a pesar de esto, no se ha restringido la densificación urbana en esta zona, permitiendo que bajo una categoría existente en el POT “riesgo mitigable” se continuaran aprobando y construyendo edificios medianos y altos en la zona, en lugar de limitar el uso del suelo.
Por otra parte, la DIGER o dirección de gestión del riesgo, encargada de emitir las certificaciones de riesgo de los predios y avalar los estudios para proyectos, ha permitido que los constructores presenten estudios geotécnicos particulares para viabilizar las obras. Igualmente, la Secretaría de gobierno de la ciudad a través de la dirección de Control físico y quien tiene la obligación de vigilar que no se construya sin licencia o violando lo aprobado, en muchos casos se ha hecho de la vista gorda por conveniencias políticas (palancas) o coimas. Es por eso que en el centro de Pereira ha visto también, la proliferación de construcciones informales, adiciones de pisos ilegales sin reforzamiento estructural, o modificaciones internas que debilitan los edificios antiguos sobre el eje Egoyá, todo fuera del control institucional.
Un aparte importante en el señalamiento de posibles responsables, es el papel jugado por las empresas constructoras, ingenieros diseñadores e inversionistas privados; los dos primeros tienen responsabilidad civil y penal directa sobre la estabilidad de las obras, puesto que en múltiples ocasiones se ha priorizado el valor comercial de la tierra en el centro de la ciudad y zonas de expansión sobre un principio de precaución y de responsabilidad social.
Este 10 de agosto de 2026, el monstruoso sismo de 7.4 puso en evidencia la obsolescencia del sistema normativo vigente, la desactualización del POT y el mínimo valor de la vida de los ciudadanos para un pequeño grupo de negociantes de la muerte. Si bien la actual administración municipal en cabeza de Mauricio Salazar heredó este problema, es la hora que desde allí y los comités técnicos declaren la zona como “suelo de protección absoluta” bajo los lineamientos de la Ley 388 de 1997 sobre Ordenamiento Territorial, para prohibir de manera total y permanente cualquier tipo de construcción o desarrollo urbano, buscando salvaguardar la vida humana frente a este peligro inminente.
¿Quién paga por todos esos muertos a través de la historia sismológica de la ciudad quién los paga? ¿Continuarán aumentando las víctimas en este eje cada que hay un sismo?
Aquí hay muchos culpables, por omisión o participación en el negocio inmobiliario, el dinero por encima de la vida no debe primar y las coimas deben desaparecer. Es hora de parar con esto.