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Este esperpento fascista que pretende impulsar el ilegítimo, no es otra cosa que un actualizado estatuto de seguridad como el aplicado por Turbay en su gobierno, o Pinochet en sus años de dictadura. Un adefesio retardatario, producto de un ansiado poder totalitario. Desde aquí se contempla la creación de una “lista de terroristas” grupales e individuales y, el cargo de alto comisionado contra el terrorismo. Su objeto es, según el proyecto de Ley: “fortalecer las capacidades institucionales, judiciales, financieras y operativas del Estado colombiano frente a la prevención, los riesgos y las amenazas del terrorismo, sus redes de apoyo y las economías ilícitas que lo financian”. Detrás de ese texto están camufladas oscuras intenciones en las 116 páginas del documento borrador de la Ley, que al inicio del articulado y exposición de motivos expresa: «Por medio de la cual se fortalece el marco jurídico para prevenir y combatir los riesgos y las amenazas a la defensa y seguridad nacional en la lucha contra el terrorismo individual o colectivo y se dictan otras disposiciones »
Esto encarna un peligro inminente para los doce millones y pico de colombianos que votamos por el progresismo en sus libertades de expresión, contradicción y oposición. No podemos permitir que este instrumento “legal” esté en manos de este pirómano social.