Por: Yezid Arteta – Cambio / www.latardedelotun.com ______
Durante los dos últimos años del gobierno de Petro frecuenté a una amiga que vivía en un loft del barrio La Macarena, en Bogotá. Desde su ventana se contemplaba la avenida Circunvalar, que parte en dos la sede de la Universidad Distrital. Una vez por semana, un puñado de frikis montaba su alboroto en la vía. La policía antidisturbios no tardaba en aparecer y daba comienzo la función: bombas molotov, gases lacrimógenos y chorros de agua disparados por un vehículo blindado componían el repertorio de una confrontación que parecía cuidadosamente limitada. Cuarenta minutos después, los policías regresaban jadeantes a la estación, los revoltosos se retiraban empapados al campus y el tráfico volvía a fluir como si nada hubiera pasado. Yo grababa algunos fragmentos con mi celular. Desde aquella ventana, el enfrentamiento se me antojaba una representación teatral: dos grupos de actores que cumplían sus papeles, repetían la escena semana tras semana y, al final, abandonaban el escenario.
El pasado 14 de octubre volvió a representarse la misma película: idéntico escenario, los mismos protagonistas y Abelardo en su papel favorito. Instalado en su permanente estado cinematográfico, ese día escribió en su cuenta de X: “Este acto de terrorismo urbano duró una hora, cuando llegó el ESMAD, estos bandidos salieron corriendo a esconderse”. La fórmula propagandística es sencilla: presentar como hazañas extraordinarias de seguridad lo que las autoridades hacían durante el gobierno de Petro sin tanto estruendo ni necesidad de convertir cada operativo en una superproducción. Pero el guion de Abelardo no alcanzó para evitar que, cuando todo parecía estar bajo control en la ciudad de Santa Marta, 41 individuos acusados de distintos delitos escaparan de un centro de detención. Y, como suele ocurrir cuando la realidad arruina el espectáculo, alguien terminó pagando los platos rotos: el coronel López Puerto, comandante de la Policía del Magdalena, destituido a pesar de sus más de cuarenta condecoraciones por su lucha contra el crimen.
El problema, Viejo Topo, surge cuando Abelardo comienza a presionar a los miembros de la fuerza pública para que obtengan “positivos” y, al mismo tiempo, impulsa un entramado jurídico que convierte la violencia estatal en una práctica permanente contra los sectores de la ciudadanía que discrepan de su política y cuestionan sus métodos de gobierno. Cientos de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas colombianas destruyeron sus propias vidas y mancillaron el nombre de sus familias al asesinar a inocentes para satisfacer las “metas de seguridad” fijadas por Gobiernos anteriores. En contraste, la política de Gustavo Petro hacia las Fuerzas Armadas buscó restablecer su credibilidad ante la sociedad y acercar la institución a las comunidades rurales golpeadas por la violencia. La maldad de Abelardo y el cálculo frío y burocrático de sus asesores legales pueden arrastrar a miembros de la fuerza pública a una espiral de brutalidad ideológica en la que millones de colombianos y colombianas sean tratados como enemigos por una sola razón: no haber votado por él o atreverse a marchar pacíficamente para defender sus derechos.
La historia de América Latina, y en particular la de Colombia, enseña que la represión estatal y el bloqueo de las vías democráticas pueden convertir la violencia en una alternativa para quienes ven cerradas las posibilidades de participación política. El Estatuto de Seguridad, impulsado durante el Gobierno de Julio César Turbay Ayala, constituye un ejemplo elocuente de esta dinámica. Mirar al pasado no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad política y moral para no regresar a los años de plomo, represión y barbarie. Lo repetiré una y mil veces, Viejo Topo: para Colombia, la acción pacífica no es simplemente una opción, sino el único camino posible. No podemos confundir la compleja y dolorosa realidad que vive el país con la ficción cinematográfica que representa Abelardo.
@Yezid_Ar_D
* Tomado de revista Cambio Colombia